Decreto destruirá la economía de Aguascalientes

En Aguascalientes, la economía está paralizada para los pequeños y medianos negocios.
Ninguna de las acciones emprendidas por el Gobierno se hizo pensando en priorizar la salud, la dinámica social o la preservación de los pequeños negocios; sólo ha sido cálculo político y pleito con la Federación.

De acuerdo al análisis de la información que proporciona el Inegi, y aplicando un comparativo del volumen de personas empleadas en las unidades económicas afectadas por el decreto implementado por el gobernador Martín Orozco el pasado 17 de noviembre, en ningún momento se priorizó la menor afectación de la mayor parte de la población económicamente activa.

La comparación entre el volumen de empleados por cada rama económica muestra que en las actividades paralizadas por el decreto hay 14,966 personas que debieron dejar de trabajar, mientras que 9,806 mantienen sus actividades, dentro del rango de 1 a 5 trabajadores en promedio, por lo que la lógica de menor afectación posible en las actividades económicas no fue siquiera contemplada al momento de la elaboración del denominado ‘acuerdo por el que se expiden las medidas extraordinarias en materia de salubridad para contener e impedir la transmisión del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) y reducir la ocupación hospitalaria en el Estado de Aguascalientes’.

“Las decisiones se han venido tomando bajo el filtro de intereses políticos, o de lo que mejor se quiera o le parezca, y no de mecanismos derivados de la investigación del comportamiento social de la Entidad”, establece Juan Manuel González Velázquez, presidente del Movimiento Popular para la Emancipación Social (Mopes), quien presentó a HIDROCÁLIDO el resultado de su investigación relacionada con el comportamiento de la autoridad estatal ante la pandemia de Covid, y que muestra que ninguna de las acciones establecidas ha obedecido en ningún momento al interés de salvaguardar la salud, la economía y la estabilidad social que se requerían para mantener un mínimo orden durante la pandemia.

En el documento denominado ‘Covid Reloaded. El caso Aguascalientes luego de nueve meses de “prevención”’, González Velázquez establece que no se necesita siquiera de ser estadista para entender que las medidas de cierre y confinamiento no consideran en ningún momento una lógica científica o de menor impacto contra la economía local, “son negocios pequeños que no cuentan con capital para invertir en medidas de prevención sanitaria y que son visitados por un amplio y heterogéneo número de personas; a diferencia de las empresas grandes que desde tempranas fechas realizaron protocolos sanitarios para evitar el paro de actividades motivado por el contagio”.

Añade que “es evidente que, en la extraordinaria situación pandémica, alguna de las 762 actividades económicas que se desarrollan en Aguascalientes resultaría afectada para garantizar las condiciones sanitarias de la población, pero ¿por qué el Gobierno actuó laxamente, y sólo en algunos casos, o en algunos tipos de unidades económicas?, ¿por qué les apuraba tanto dejar abiertos bares, cantinas y antros, cuando éstos no llegan ni a 400 y apenas el 27% de ellos emplea más de cinco personas, mientras que a los más de 22 mil unidades económicas de comercio no se les apoyó para generar esquemas de atención al público eficientes y con menores riesgos sanitarios?”

En este sentido, el presidente del Mopes se pregunta que, siendo uno de los retos del Plan Estatal de Desarrollo el impulsar la innovación en áreas como la electrónica y las TIC’s, cómo es posible que el Gobierno no haya atinado en articular medidas tendientes a facilitar la compra y entrega de mercaderías de uso doméstico y alimentos mediante plataformas tecnológicas u otros mecanismos gratuitos que disminuyeran la presencia física de las personas, o por qué no se les entregaron paquetes de materiales sanitarios como medida preventiva, o por lo menos la convocatoria y articulación de capacitaciones a estos sectores para brindar correctamente la atención a clientes.

“El acuerdo publicado es la expresión tardía y reiterada de autoridades que no contuvieron, ni impidieron oportunamente la propagación del virus. Tampoco existe un vínculo y una credibilidad que una al Gobierno con sus gobernados. La incompetencia y estupidez del Gobierno se sintetiza en un “acuerdo” que dilapidará muchos de los pequeños negocios que han ido desapareciendo y lo seguirán haciendo con el pasar de los días, tampoco bajará el índice de contagio, puesto que simplemente nadie está planteando la reconstrucción de los hábitos de consumo”, concluye Juan Manuel González Velázquez.

Un comentario

  • RICARDO

    25/11/2020 en 9:57 am

    CLARO QUE NO SE HA PLANEADO ADECUADAMENTE EL CIERRE DE NEGOCIOS, ES INCREIBLE VER COMO NEGOCIOS QUE TENIAN UN EMPLEADO Y ATENDIAN UN MINIMO DE CLIENTES HAN TENIDO QUE CERRAR Y OTROS QUE RECIBEN UN ALTO NUMERO DE CLIENTES HAN ESTADO ABIERTOS SIN INTENSIFICAR LOS CUIDADOS. DE QUESETRATA? ACABAR LO POCO QUE QUEDA DE LOS COMERCIOS?

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