Aguascalientes, México, Viernes 21 de Septiembre de 2018
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Aspirantes tratados como delincuentes

02/03/2018 |
La reforma electoral del año 2014 es una reforma mal hecha, plagada de errores, acomodada al contentillo de los partidos políticos representados en ese momento por los diputados federales que ya salieron y por los senadores que todavía se encuentran en funciones. Sí estimado lector, me refiero a esos diputados y senadores que elegimos en el 2012 y que se suponían nos representarían a los y las mexicanas, a esos que modificaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y elaboraron leyes que lejos de aclarar, enturbian los procesos de elección y en lugar de facilitar, obstaculizan la acción de las autoridades electorales.

En la Ley General de Partidos Políticos establecieron entre otros requisitos que para formar un nuevo partido político la organización debería tener 3,000 militantes en por lo menos 20 entidades o 300 militantes en cuando menos 200 de los 300 distritos electorales. Creo que cuando se dieron cuenta que sólo estaban exigiendo 60,000 militantes, añadieron que de cualquier manera, el número total de militantes no podría ser menor al 0.26% del padrón electoral que se hubiera utilizado en la elección federal inmediata anterior. MORENA, Partido Encuentro Social y Partido Humanista (este último ya extinto) aprobados en 2015, se beneficiaron de esta fórmula y sólo tuvieron la obligación de presentar aproximadamente 208,000 firmas de militantes. Desde entonces reciben financiamiento federal a través del INE y financiamientos estatales mediante los organismos electorales locales. Claro, del dinero de los contribuyentes.

Curiosamente, a la figura de candidatos independientes que estaba aprobada pero no reglamentado desde 2012, la reforma electoral 2014 la reguló y para Presidente de la República le exigió a cada aspirante que recabara el 1% de las firmas del electorado nacional. De ahí salieron las 866,593 firmas (más de tres veces de las que se necesitan para formar un partido político nacional) que el Instituto Nacional Electoral impuso como obligación de recabar a cada aspirante, sin financiamiento público y en tan sólo cuatro meses. Pobres aspirantes a candidatos a la Presidencia de la República. Margarita Zavala, Jaime Rodríguez y Armando Ríos Piter lograron en cuatro meses que les firmara muchas más personas que las que tienen los nueve partidos políticos registradas como militantes; esos partidos a los que todos los años les damos un titipuchal de dinero para que hagan proselitismo y se alleguen adeptos.

Cuando se publicó la reforma electoral en febrero de 2014 recuerdo haber leído y escuchado a muchos comentaristas que aseguraban que la reforma tenía dedicación e impediría que se formaran nuevos partidos políticos, especialmente el partido de Andrés Manuel López Obrador. Me parecía erróneo ese razonamiento y el tiempo lo ha probado ya que a cualquier aspirante le convenía más formar un partido nuevo que lanzarse como candidato independiente. Los requisitos eran menos y más fáciles de cumplir y el resultado más lucrativo. Así lo decidieron en el Congreso de la Unión los dos partidos mayoritarios, PAN y PRI, que en su totalidad votaron a favor de esta reforma.

Y después de todo el trabajo llevado a cabo por los tres aspirantes que parecían tener más oportunidad de lograr las firmas, Margarita, Ríos Piter y “El Bronco”, resulta que la autoridad electoral rechaza una gran cantidad de las firmas que presentaron y declara, cuando menos algunos integrantes del INE lo han hecho, que se les comprobó que presentaron simulación de credenciales y que trataron de burlar a la autoridad electoral. Y hay ahora acusaciones muy serias en su contra y la probabilidad que se configure un delito electoral por el que tendrán que responder a la FEPADE.

Ríos Piter y Jaime Rodríguez se sienten insultados; Margarita debería sentirse también. Dicen que los llamaron mentirosos y que el trato que les están dando es de delincuentes. Como ciudadana interesada en los asuntos electorales de mi país, estoy verdaderamente preocupada por esta situación. Lo que más me preocupa es que haya un número muy grande de credenciales apócrifas circulando en las calles. Les rechazaron cerca de tres millones. Espero que no sea responsabilidad del INE (todavía no se me olvida la venta del Padrón Electoral). Y si este fuera el caso, espero que lo aclare la autoridad y asuma su responsabilidad y no acabe con la poca probabilidad de subsistencia que tiene la figura de Candidatura Independiente en nuestro país.