Puerto Príncipe, 21 jun (EFE).- Haití, el país más pobre de América, lleva casi un año sumergido en una crisis política y económica que ha empujado a miles de personas a las calles para reclamar cambios, muchos de los cuales pasan por la eliminación de los subsidios a los combustibles, un eterno debate en esta nación.
Solo en el año fiscal octubre de 2018-junio de 2019 el Gobierno, agobiado por una profunda crisis económica y de credibilidad, ha destinado 35.000 millones de gourdes (376 millones de dólares) en subsidios a los combustibles, según datos oficiales, recursos que podrían destinarse a mejorar, por ejemplo, los deprimidos servicios de salud y educación.
Ahora mismo la Administración de Jovenel Moise, quien asumió el cargo en febrero de 2017, tiene dificultades hasta para pagar a los empleados públicos, lo que podría aumentar aún más el descontento social, en medio de un agravamiento de la crisis debido a la galopante inflación, una fuerte depreciación del gourde y a la escasez de combustibles.
Todo esto, además, ha aumentado el déficit energético, agravado por los recortes del combustible subvencionado que por años suministró Venezuela a varios países caribeños, entre ellos Haití, en el marco del acuerdo Petrocaribe, que se ha visto igualmente afectado por la acuciante crisis en el país suramericano.
Paralelamente, el acuerdo Petrocaribe es objeto de una investigación en Haití por presuntos actos de corrupción, en el que están involucrados, de acuerdo con una auditoría del Tribunal de Cuentas, 15 exministros y funcionarios, así como una empresa que dirigía Moise antes de llegar a la Presidencia.
«Los subsidios estatales al petróleo han causado pérdidas financieras sustanciales para el Gobierno», dijo en declaraciones a Efe el economista Kesner Pharel, quien señaló, además, que la nación atraviesa por dificultades para honrar la deudas con las compañías petroleras.
Los subsidios «están ejerciendo presión sobre el mercado cambiario local y manteniendo presiones inflacionarias», apuntó Pharel, quien subrayó que la tasa de inflación alcanzó el 18 % interanual en abril pasado debido a la débil producción interna y al déficit presupuestario alimentado por estas subvenciones.
Los organismos internacionales llevan años pidiendo a Haití que elimine de forma gradual los subsidios, unas de las causas del déficit presupuestario de esta nación, que no ha logrado aprobar el presupuesto de este año por divergencias políticas en esta nación, donde más de la mitad de los 10 millones de habitantes sobrevive con menos de 2 dólares diarios.
Las proyecciones económicas para esta nación no son nada halagüeñas. Datos de organismos internacionales indican que este año crecerá el 2 %, aunque podría descender dada la actual crisis.
La situación «aumentará las tensiones sociales y agravará la crisis política», señaló Pharel, quien subrayó que la crisis política tiene serias repercusiones en la economía nacional porque todos los sectores económicos se ven afectados, entre ellos el de servicios, el que más contribuye al producto interno bruto (PIB).
La actual crisis se remonta a julio de 2018, cuando haitianos enardecidos ocuparon varias ciudades en rechazo a un aumento de los combustibles, incremento que el Gobierno dejó sin efecto posteriormente por los disturbios, que provocaron una cantidad aún no determinada de muertos.
El alza de los combustibles fue una de las sugerencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) como parte de un programa de ajustes firmado meses antes entre el Gobierno y el organismo crediticio, quien posteriormente sugirió a Haití un plan de reforma revisado que incluya una reducción gradual de los subsidios a los combustibles, ya que, a su juicio, estas ayudas benefician de manera desproporcionada a los más adinerados.
La eliminación de los subsidios permitiría al Gobierno liberar fondos para financiar proyectos a favor de los más desposeídos, de acuerdo con el FMI.
Esto crea un dilema para Moise, ya que la mayoría de sus compatriotas solo pueden acceder a los combustibles y a la electricidad por los subsidios, y eliminarlos, quizá, representaría un costo político que el mandatario no quiere correr, en una coyuntura de protestas cada vez más violentas para que dimita por la falta de respuesta a la crisis y a la presunta corrupción.
De hecho, las violentas manifestaciones de julio pasado obligaron a renunciar al entonces primer ministro, Jack Guy Lafontant, quien fue sustituido por Jean Henry Ceant, quien en marzo de este año y tras seis meses en el cargo salió del Ejecutivo tras una moción de censura por parte de los diputados por la falta de respuesta efectiva a la crisis que golpea a la deprimida nación.
Moise, por su lado, sigue resistiendo e insistiendo en un diálogo al que la oposición se niega.
