CIUDAD DE MÉXICO, mayo 19. – Las nuevas disposiciones arancelarias del gobierno estadounidense, impulsadas por la administración de Donald Trump, han generado un complejo entramado burocrático para el sector automotriz en México, al exigir mayores comprobaciones del cumplimiento de las reglas de origen establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
El director general de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz (Anapsa), Alberto Bustamante, detalló que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) requiere a las armadoras presentar, mensualmente, evidencia documental que demuestre que los vehículos y autopartes cumplen con el contenido regional estipulado por el tratado.
Aunque el T-MEC ya no exige un formato oficial de certificado de origen, sí demanda declaraciones por parte de los proveedores de primer nivel, quienes a su vez deben solicitarlas a los proveedores de niveles inferiores. De esta forma, se construye un expediente complejo que detalla el origen de cada insumo y componente clave.
“Cada mes, las armadoras entregan paquetes con documentación al CBP, justificando que los materiales provienen efectivamente de la región de Norteamérica. En autopartes es similar, considerando también el valor de contenido laboral, que se reporta de forma anual”, explicó Bustamante.
La regla de origen del T-MEC establece que al menos 75% de las partes de un vehículo deben ser producidas en México, Canadá o Estados Unidos, y que al menos 40% de las autopartes deben ser elaboradas por mano de obra con salarios de 16 dólares por hora o más.
Como ejemplo de esta cadena de producción, Bustamante describió el proceso de fabricación de un cinturón de seguridad: comienza en México, donde se produce la materia prima, pasa por Canadá para el teñido y elaboración de la cinta, luego se integra con componentes de EE. UU., como hebillas de acero o plástico, y finalmente se ensambla de nuevo en México. Cada segmento debe registrarse con precisión y detallarse en las declaraciones de origen.
Saturación para aduanas estadounidenses
Bustamante advirtió que la carga documental representa también un reto operativo para la CBP, que ahora deberá aplicar aranceles de hasta 25% a los componentes que no provengan de EE. UU. sin contar, hasta el momento, con un aumento en recursos técnicos ni humanos.
“No he visto incrementos presupuestales para el CBP. No hay más agentes, ni inversiones en tecnología, software o inteligencia artificial que permitan revisar toda esta información con eficacia”, lamentó.
En tanto, Rogelio González, director de la consultora One Stop Group, señaló que la revisión de las reglas de origen por parte del CBP depende, en gran medida, de la buena fe de las automotrices. “Los funcionarios deben confiar en la honorabilidad de las marcas, porque físicamente es imposible detectar si un componente cumple o no con la regla”, apuntó.
A su juicio, las modificaciones impulsadas por la administración Trump podrían diluir la efectividad de las normas del T-MEC, y generar incertidumbre para el sector.
De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), solo 8.2% de los vehículos ligeros y 20.4% de las autopartes exportadas actualmente no cumplen con las reglas de origen, por lo que estarían sujetas a los nuevos aranceles.
