El diputado perredista Emanuelle Sánchez Nájera impulsa una iniciativa de ley que busca otorgar facultades legales a las policías municipales para citar a comparecer a los padres, madres o tutores de menores infractores, con el fin de fomentar una crianza más responsable.
El legislador reconoció que, actualmente, en la mayoría de los casos los tutores no presentan al menor, aprovechando vacíos legales que, en la práctica, protegen a los menores y limitan la actuación de las autoridades. Esta situación, advirtió, ha generado entre los jóvenes la falsa percepción de que “nunca les va a pasar nada” por ser menores de edad.
La propuesta contempla que, una vez presentado el menor ante la autoridad, se establezca un convenio para que padre e hijo asistan a talleres de paternidad y se sometan a un análisis psicológico conjunto. “Buscamos que esta ley sea una herramienta de crianza positiva para quienes quieren hacer las cosas bien, y punitiva para quienes desatienden su responsabilidad como padres”, señaló el diputado.
Actualmente, algunos municipios ya aplican una dinámica similar a través de jueces cívicos que citan a los padres de menores infractores. Sin embargo, su comparecencia es voluntaria. Lo que esta iniciativa busca es que la ley los obligue a presentarse junto con el menor cuando éste incurra en una falta.
La iniciativa también permitirá diferenciar el grado de responsabilidad del menor en función del tipo de falta. No se tratará igual a quien fue sorprendido en una “pinta” escolar, que a quien participó de manera premeditada en una riña convocada por mensajes de texto. En estos casos, será el juez quien determine el grado de castigo, y si ambos padres tienen la patria potestad, el padre será el primero en responder legalmente.
El proyecto contempla sanciones para los tutores que ignoren los citatorios: desde arrestos por hasta 30 días hasta trabajo comunitario. De repetirse la negativa, las sanciones podrán aplicarse cuantas veces sea necesario, con el objetivo de fortalecer la corresponsabilidad de los padres en la educación de sus hijos.
Asimismo, la iniciativa plantea que si un menor es retenido por la autoridad y sus padres no acuden de inmediato a reclamarlo, las autoridades estén facultadas para hacer reiterativos llamados, dado que no pueden retenerlo por más tiempo del permitido legalmente.
Sánchez Nájera aclaró que no se busca transferir la pena del menor al padre o madre, lo cual sería inconstitucional, sino establecer una vía legal, a través del DIF Estatal, que permita fijar una responsabilidad administrativa para los tutores por descuido. El DIF, recordó, tiene la facultad legal de intervenir cuando el bienestar del menor está en riesgo, incluso con la posibilidad de retirarle la custodia a los padres.
El diputado enfatizó que las penas para los menores seguirán aplicándose conforme a la ley vigente, en la que el castigo máximo es de cinco años, dependiendo del delito cometido.
La propuesta, en la que ha trabajado durante más de un año, ya fue presentada ante el pleno del Congreso del Estado. Según el legislador, ha sido socializada con municipios, organismos de derechos humanos, la Fiscalía y la directora del DIF Estatal, quienes la han respaldado, al no implicar un gasto presupuestal adicional.
Sánchez Nájera espera que durante el próximo periodo de sesiones la iniciativa sea discutida y eventualmente aprobada.
