En lo que se perfila para terminar como la “gran estafa de la actual y de las últimas administraciones de Gobierno del Estado” por estar en juego una suma económica multimillonaria (alrededor de 1,500 millones de pesos), de manera abrupta las autoridades estatales declararon desierta la licitación de las obras complementarias del proyecto estrella de Ciudad Justicia.
Constructores y representantes de las 22 empresas y siete consorcios licitantes (locales y nacionales) coincidieron en señalar que es evidente que “hay mano negra y un mar de corrupción” detrás de la decisión tomada para no asignar las obras, pues está el claro interés de, presuntamente, otorgar vía directa (concesión) el proyecto a constructores relacionados o con afinidad en intereses con los altos mandos del Gobierno, pues de otra manera es inexplicable cómo es que ninguna de las empresas concursantes logró cumplir con los requisitos marcados en las bases.
La Licitación Pública Nacional No. 001/21 para la celebración del Contrato para la Prestación de Servicios a Largo Plazo bajo la modalidad de Asociación Público Privada con objeto de brindar el Diseño, Construcción, Equipamiento, Operación, Mantenimiento y Conservación de los Nuevos Edificios y Obras Complementarias que conforman el Proyecto denominado Plan Maestro Ciudad Industrial se declaró desierta, bajo el argumento de “no existir ninguna oferta solvente para garantizar las necesidades que se pretendían satisfacer a través de la misma”.
Empresarios participantes en el proceso cuestionaron la decisión tomada por las autoridades sobre el fallo, al sostener que “no puede ser posible que ninguna de las empresas locales y nacionales, muchas de ellas bien consolidadas y con reconocimiento internacional por su solvencia y la calidad de sus obras, hayan incumplido con las reglas y con los requisitos que se marcaron en la licitación, por lo que se presume que detrás del fallo hay otro tipo de intereses”.
El proceso de la licitación se llevó sin contratiempos y siguiendo cada uno de los puntos especificados en la convocatoria, presentando cada uno de los consorcios sus propuestas técnicas y financieras, aunque el problema se presentó luego de que, tras el análisis de las mismas, se determinó que ninguna de las propuestas cumplía con los requisitos solicitados, por lo que ahora se procederá a asignar de manera directa o vía concesión la ejecución de la obra para la que se tiene prevista una inversión de hasta 1,383 millones de pesos.
Fuentes de la Secretaría de Obras Públicas del Estado, al saberse del presunto trasfondo que trae la decisión de declarar desierto el fallo, empezaron a rodar cabezas entre los funcionarios de la propia dependencia, siendo una de ellas la de quien hasta la víspera fue el titular de la SOP, César Enrique Peralta Plancarte.
Con la declaración del fallo, además del atraso en la ejecución del proyecto, se aseguró que se buscará asignar de manera directa la obra a alguno de los grupos constructores afines a la actual Administración Estatal, con lo que supuestamente se estaría consolidando la que sería la mayor estafa oficial de la que se pudiera tener referencia.
Pujaron por la ejecución de la obra consorcios reconocidos, solventes y bien acreditados por la calidad de sus obras como fue el caso de Construcciones y Servicios de Zacatecas, Alfa Proveedores y Contratistas, Grupo Bausse, Impulsora de Desarrollo Integral, Maquinaria e Ingeniería, Promotora y Desarrolladora Mexicana de Infraestructura y Grupo Realiza, varios de los cuales se nutrieron con la incorporación de reconocidas empresas locales del sector.
La obra del complejo consiste en el diseño, construcción, operación, mantenimiento y conservación de un conjunto de edificios sobre un predio de 43,713 metros cuadrados, con al menos 20 mil metros de construcción, así como de las obras complementarias.
Para esta obra está autorizado un monto máximo de inversión de 1,383 millones 950 mil 350 pesos, con un plazo de 15 años bajo el esquema de Asociación Público Privada (APP).
