Tijuana (México), 29 ene (EFE).- Grupos defensores de migrantes se concentrarán este 2 de febrero en la frontera de Tijuana con Estados Unidos para quemar una figura de cartón que representa al jefe de la Casa Blanca, Donald Trump.
La reunión se llevará a cabo en Playas de Tijuana, a unos metros del muro metálico que divide a México y Estados Unidos, en donde también se colocarán mensajes alusivos en apoyo a los migrantes.
El director de la organización Ángeles Sin Fronteras de Baja California, Sergio Tamai, lamentó que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, diga que hay afinidad con su homólogo mexicano, Andrés Manuel a López Obrador, y además presuma, como hizo recientemente en un mitin, de que es México quien paga el muro.
Por otra parte, el director del albergue Juventud 2000 y de la organización Alianza Migrante Tijuana, José María García, pidió a futuras caravanas centroamericanas ser organizados a la hora de entrar al territorio.
Comentó que en 2018, cuando comenzó el fenómeno de las caravanas, quedó un antecedente no del todo positivo.
Agregó que en la actualidad los albergues se encuentran preparados para recibir a grupos organizados de migrantes provenientes de Centroamérica, además de que en el noroccidental estado mexicano de Baja California se han dado oportunidades de empleo para los mismos.
Sergio Tamai, por otra parte, pidió más apoyo del sacerdote y activista Alejandro Solalinde para ayudar a los migrantes.
Además, los activistas indicaron que este domingo protestarán también contra el Tratado de Guadalupe Hidalgo del 2 de febrero de 1848, por el que México perdió la mitad del territorio, que fue a manos de Estados Unidos.
En la frontera sur de México, la Guardia Nacional y las autoridades migratorias de México frenaron en días pasados el intento de miles de centroamericanos, en caravana, de cruzar el país para llegar hasta Estados Unidos.
De hecho, el INM informó este lunes que se habían deportado entre el 18 al 27 de enero a 2.303 hondureños, retornados por aire o por tierra.
La actuación gubernamental ha sido duramente criticada por diversas ONG y expertos, mientras que el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido que se ha actuado acorde a la ley y respetando siempre los derechos humanos.
