Leonardo Bravo (México), 29 dic (EFE).- La incursión de grupos armados en diversas comunidades del estado de Guerrero, sur de México, vaticinada por pobladores, ha detonado un conflicto social este fin de semana en la zona de la sierra donde habitantes agraviados intentaron retener a cuerpos de seguridad del Gobierno mexicano para obligarlos a darles resguardo.
El conflicto detonó el viernes por la noche a consecuencia de ataques reportados a las autoridades en la localidad de Carrizal de Bravo y en redes sociales y se prolongó durante el sábado en la comunidad de El Naranjo, por lo que se desplegó un operativo por tierra y aire, de acuerdo con autoridades estatales.
La noche del sábado un grupo de pobladores se apostó en una brecha de terracería que conecta a la población de Chichihualco con la comunidad de El Naranjo para impedir la salida de al menos 30 unidades militares, Policía estatal y de la Guardia Nacional para obligarlos a darles seguridad.
Sin embargo, la acción provocó horas de tensión y riña entre los pobladores y las fuerzas de seguridad que pretendían detener y a quienes les cortaron el paso en dos ocasiones, lo que derivó en personas golpeadas y robo de pertenencias denunciadas por los agraviados.
En la gresca los policías estatales, pertenecientes a la Unidad de Fuerzas Especiales (UFE), cortaron cartuchos de sus armas y apuntaron de frente a los manifestantes lo que aumentó la tensión por varios minutos.
De acuerdo con una limitada versión oficial del operativo desplegado en El Naranjo, que fue difundida hasta la tarde de este domingo, se logró la detención de cuatro hombres con un arsenal y se observaron indicios de ataques armados contra las viviendas.
La noche del sábado, a la salida de los vehículos de militares y policiales se observó el traslado de al menos cinco vehículos distintos y extraoficialmente se supo de un muerto, pero no fue confirmado por las autoridades.
El pasado 17 de diciembre, una pareja de ancianos resultó herida en un ataque contra la comunidad de El Naranjo, desde los cerros, lo cual fue denunciado públicamente por los habitantes, quienes pidieron seguridad del Estado, sin embargo no recibieron atención.
En julio de 2019 esa comunidad también fue objeto de ataques durante más de ocho horas, pero en esa ocasión solo fueron asesinados animales de carga y crianza de los habitantes.
De acuerdo con el secretario general del Ayuntamiento de Leonardo Bravo, Alfonso Visoso Ramírez, en esa comunidad enclavada en la sierra viven 700 familias y desconocen quién o por qué los han atacado de esa manera; dijo que desde el gobierno municipal han pedido apoyo para reforzar la seguridad pero no los han atendido.
En noviembre del año pasado, la comunidad de Filo de Caballos fue desplazada por un grupo autodenominado comunitario que desde entonces habitan en ese lugar mientras los pobladores habitan en otra zona de esa localidad con apoyo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, sin embargo continúan con la exigencia de recuperar sus tierras.
En conferencia de prensa este domingo en el acceso a Chichihualco algunos pobladores desplazados, con el acompañamiento de defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, exigieron al Gobierno mexicano la presencia de la Guardia Nacional en la zona y advirtieron que no quieren a policías estatales.
El representante del Centro, Manuel Olivares Hernández, quien fue uno de los golpeados la noche anterior, denunció el robo de documentación, equipo de cómputo y telefonía, así como destrozos a la camioneta propiedad de ese centro, así como objetos personales.
Entre los documentos hurtados está la base de datos que han conformado de las personas desplazadas.
Los inconformes han advertido que si no les regresan los documentos y reparan el daño trasladarán sus movilizaciones a Chilpancingo, capital de Guerrero, y responsabilizaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, de lo que pueda ocurrirles.
