México, 14 nov (EFE).- El Gobierno de México defendió este jueves la libertad de expresión del expresidente boliviano Evo Morales al responder a los señalamientos que le piden que no se le permita hacer declaraciones políticas durante su asilo en este país.
A los señalamientos de que los mensajes de Morales violan el otorgamiento de asilo bajo el Tratado sobre asilo y refugio político de Montevideo (1939), la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que la libertad de expresión de los asilados “no está sujeta a mayores limitaciones que las que tendría cualquier ciudadano mexicano”.
“No se puede coartar la libertad de los asilados”, apuntó en un comunicado la Cancillería al citar el artículo VII de la Convención Americana y la Convención sobre Asilo Territorial, del que México es parte desde 1982.
El derecho de la libertad de expresión, sostuvo, “no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra éste o su Gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados”.
En sus consideraciones jurídicas la Cancillería citó el artículo sexto de la Constitución mexicana y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) para señalar que “ninguno” hace distinción entre ciudadanos y extranjero ni sobre la condición en que se encuentran estos en el país”.
“Incluso si existiera conflicto entre las disposiciones (que no lo hay), el artículo 1 constitucional obliga a que las normas se interpreten favoreciendo en todo momento la protección más alta de las personas”, sentenció la Cancillería.
El expresidente boliviano Carlos Mesa pidió a México que no permita que Morales siga haciendo declaraciones políticas y promoviendo “violencia” mientras está asilado.
“¿Cómo es posible que México, un país que tiene una tradición histórica de asilo, y que le ha dado asilo y hasta ahí no hay nada qué decir, le permita a Morales declarar políticamente, hacer acusaciones, participar en la política boliviana, promover la violencia y la división?”, dijo Mesa.
Mesa pidió al Gobierno de México “que respete su propia tradición histórica” y “no le permita a Morales seguir haciendo una política destructiva, divisionista y de confrontación” en Bolivia.
