Quito.- Miles de manifestantes ecuatorianos ocuparon este martes, por espacio de una hora, la sede de la Asamblea Nacional en Quito y exigieron la salida del poder del presidente Lenín Moreno, en el marco de una escalada de protestas contra unos ajustes económicos del Gobierno y el acuerdo crediticio con el FMI.
Al grito de "¡Fuera Moreno, fuera!", los manifestantes protagonizaron duros enfrentamientos con policías y militares que resguardaban el recinto, ante la inminente llegada de la protesta.
Los manifestantes exigen la derogación de un decreto ejecutivo emitido por el presidente Moreno hace una semana, con el que eliminó los subsidios (ayudas estatales) que desde hace décadas permitían abaratar el coste de los combustibles.
Los manifestantes, encabezados por la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), rompieron los distintos cercos de seguridad y penetraron a los exteriores del edificio legislativo.
El hecho se produjo en medio de un intenso forcejeo, en el que las fuerzas del orden utilizaron abundante gas lacrimógeno para intentar dispersar la protesta que, según varios dirigentes, podría dirigir su acción al Palacio de Gobierno.
La sede del Legislativo, situado en el centro-norte de la ciudad, se encontraba protegido por varias vallas metálicas de seguridad que impedían el paso hacia el edificio.
Los manifestantes, a fuerza de pedradas y protegidos contra las descargas de los gases lacrimógenos, han podido retirar las vallas de seguridad y llegar hasta la puerta que da paso al interior de la sede parlamentaria.
En el frontispicio del edificio, cientos de personas, portando banderas tricolores (amarillo, azul y rojo) del país y las multicolores que identifican al Movimiento Indígena, han flameado en señal de victoria, mientras se daba paso para que un grupo de dirigentes dirigiera un pronunciamiento.
Al final, los manifestantes han abandonado el lugar y dirigido a engrosar otras marchas de protesta por las calles céntricas de Quito para intentar llegar al Palacio de Gobierno, en el casco histórico de la ciudad, también fuertemente custodiado por policías y militares.
Duros enfrentamientos también se registraron en la céntrica Plaza del Teatro, a pocas cuadras del Palacio de Gobierno, amurallada con vallas metálicas hasta unas cuatro cuadras a la redonda.
Algunos dirigentes políticos han advertido de la posibilidad de que haya un intento de ocupación de la sede del Gobierno esta misma tarde, anuncio que no ha sido confirmado oficialmente por la Conaie, aunque en la mañana todos los edificios públicos de la zona comercial de Quito fueron evacuados ante el temor de que los indígenas trataran de tomar posesión de esos recintos.
Y en medio del ambiente de caos, la Fiscalía anunció que ha allanado las instalaciones de la emisora Radio Pichincha Universal, "para recabar información sobre el presunto delito de incitación a la discordia entre ciudadanos".
Esa emisora ha efectuado una transmisión continua de los acontecimientos desde que empezaron las manifestaciones el jueves pasado y muchos la identifican como una radio "correísta", por defender la posición del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Justamente, el presidente Moreno, acérrimo rival de Correa, ha culpado a su antecesor de estar detrás de lo que denominó "intento de golpe de Estado" en su contra y de supuestamente manipular la protesta indígena.
Moreno, ante la impresionante llegada de indígenas a la capital, incluso trasladó al Ejecutivo a la ciudad costera de Guayaquil, considerada como bastión de grupos de derechas, pero que igual ha sido escenario de manifestaciones populares.
De su lado, la Conaie ha aclarado, a través de sus dirigentes, que no están con Correa, pero que exigen a Moreno la derogación del decreto que eleva el precio de las gasolinas.
El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la central obrera más importante de Ecuador, que ha convocado para mañana miércoles a una huelga nacional, que se concentrará con una masiva concentración en Quito, junto a la Conaie.
Dirigentes sindicales también han pedido el archivo de unas reformas laborales y tributarias que son exigidas por el FMI en el marco del acuerdo crediticio suscrito en marzo pasado por 4.200 millones de dólares.
