Los Ángeles, 27 ago (EFEUSA).- Una coalición de cinco fiscales generales, liderada por el procurador de California, Xavier Becerra, pidieron este martes a un tribunal que detenga la aplicación de la polémica regla de “carga pública” del gobierno de Donald Trump, mientras se resuelve una demanda contra la norma.
Con esta acción legal, Becerra y los procuradores de Pensilvania, Oregon, Maine y el Distrito de Columbia, quieren detener la regla que a partir del próximo 15 de octubre hace inelegibles a la residencia permanente o a la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes que hayan recibido ciertos beneficios públicos.
“Esta regla punitiva es una amenaza para el tejido de nuestras comunidades y va en contra de nuestros valores de California”, dijo Becerra en un comunicado.
“No nos detendremos mientras esta Administración trata de destruir los programas de redes de seguridad que apoyan a las familias trabajadoras en todo el país”, agregó.
La lista de beneficios a los que no podrá recurrir un inmigrante si tiene la intención de hacerse ciudadano o residente permanente incluye programas de asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda y programas de atención de salud y que subsidian el elevado costo de las medicinas, entre otros.
El pasado 16 de agosto, los cinco fiscales presentaron una demanda contra el Gobierno Trump y la medida conocida como “carga pública”.
Este martes pidieron al tribunal del Distrito Norte de California que se emita una orden para bloquear la regla mientras se define este litigio.
Esta no es la única batalla legal que enfrenta la Administración Trump por la nueva regla de “carga pública”, pues los californianos condados de Santa Clara y San Francisco también demandaron a la Casa Blanca por esta medida, al igual que una coalición de 13 estados encabezados por el de Washington.
La regla afectaría a los migrantes del Estado Dorado que reciban atención médica a través de Medi-Cal (el servicio médico público gratuito o Medicaid de California), apoyo alimentario para niños y familias a través de CalFresh (Programa de Asistencia Nutricional estatal) y ayudas para vivienda (Sección 8), entre otros.
California ha emprendido 57 demandas contra la Administración Trump desde que el magnate neoyorquino llegó a la Casa Blanca en enero de 2017 por desacuerdos en inmigración, atención médica y medio ambiente.
