Los Ángeles, 2 jul (EFEUSA).- La alianza entre autoridades federales de inmigración y las agencias locales de policía que se aplicó en varios condados del país entre 2000 y 2011 llevó a que unos 320.000 estudiantes hispanos de las escuelas públicas dejasen los estudios, aseguró un informe presentado este martes.
De acuerdo con el análisis publicado por la Asociación Estadounidense de Investigación Educativa, la mayoría de estos alumnos asistían a la escuela primaria y “posiblemente muchos de ellos habían nacido en los Estados Unidos”.
Utilizando datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la investigación identificó 55 condados en los Estados Unidos en los que ICE estableció acuerdos de colaboración con las autoridades locales para “identificar, arrestar y deportar residentes indocumentados entre 2000 y 2011”.
Los investigadores calcularon que en los dos primeros años de estas alianzas los estudiantes hispanos en las escuelas de los condados respectivos disminuyeron un 10 %.
“Nuestros resultados subrayan las consecuencias dramáticas y presuntamente involuntarias para los estudiantes y las escuelas de las alianzas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas)”, anotó Thomas Dee, profesor de la universidad de Stanford y uno de los autores del informe.
A consecuencia de la deserción escolar, “las escuelas contrataron menos profesores”, con lo que el efecto negativo se dio no solamente en las comunidades inmigrantes, sino “en la actividad económica local”, agregó Dee.
Al enfatizar el período estudiado, Mark Murphy, coautor del informe, destacó que estas alianzas de ICE recibieron apoyo de las administraciones de los expresidentes George W. Bush (2001-2009) y Barack Obama (2009-2016).
El comparar ese periodo con el actual apoyo del Gobierno del presidente Donald Trump al trabajo conjunto de ICE con agencias locales de control de la ley, Murphy destacó la actualidad de los datos.
“Dado el reciente apoyo para la rápida expansión de este tipo de alianzas bajo la administración de Trump, estos resultados tienen una relevancia política contemporánea”, agregó.
El investigador señaló que actualmente ICE tiene “90 acuerdos activos con agencias locales de control de la ley. La escala aumentada de estas políticas ‘de reverso de santuario’ sugiere que sus costos educativos, económicos y sociales pueden ser aún más severos”.
En un futuro análisis los investigadores esperan poder estudiar la relación actual de colaboración entre agencias federales y locales para cuantificar el posible impacto en la población escolar y sus resultados económicos.
