Madrid, 30 jul (EFE).- El empresario mexicano Alonso Ancira, conocido en su país como “el rey del acero”, negó este martes, ante un juez español, los delitos de corrupción y blanqueo, de los que es acusado en su país, y alegó que se trata de una persecución política.
Ancira, reclamado por México, se volvió a negar a ser entregado, así que el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz fijará una fecha para que un tribunal resuelva si se cumplen los requisitos para su extradición, informaron fuentes jurídicas a Efe.
El empresario fue detenido el 28 de mayo en el aeropuerto español de Palma, en la isla mediterránea de Mallorca, y ya se negó entonces a ser extraditado, al tiempo que pidió su libertad.
En ese momento ingresó en prisión por orden de Pedraz, que un mes más tarde le impuso una fianza de un millón de euros para salir de la cárcel. El empresario pagó esa cantidad y quedó en libertad el 1 de julio.
El juez impuso entonces a Ancira, que también posee la nacionalidad estadounidense, comparecencias en el juzgado cada dos días, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte.
En México se enfrenta a acusaciones por delitos que causaron “grave daño patrimonial” a la compañía estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), según la Fiscalía del país americano.
Los delitos que se le atribuyen están relacionados con el supuesto sobreprecio de unos 500 millones de dólares en la venta de una planta de fertilizantes a Pemex en 2013, cuando ésta empresa era dirigida por Emilio Lozoya Austin, sobre quien también pesa una orden de captura.
