Distraídos como andaban muchos en el poco edificante espectáculo del absurdo no sorteo del avión presidencial, pues hay que reconocer que el Presidente es el summum en esto de lanzar distractores, conocíamos la muy preocupante noticia de que la Unidad de Investigación Financiera (UIF) congeló las cuentas de algunos políticos chihuahuenses acusados de estar de alguna manera involucrados en las protestas en la guerra por el agua en Chihuahua y la toma de la presa ‘La Boquilla’.
El asunto resulta escandaloso por muchos motivos, uno de ellos la acción contra el alcalde del municipio de Delicias, Eliseo Compeán, pues el señalamiento asegura que la oficina ejecutora detectó movimientos irregulares en su cuenta bancaria, donde el edil tiene apenas veintitantos mil pesos, lo que nos lleva a muchos a reiterar las sospechas de que dicha dependencia es ahora el brazo ejecutor de algo que puede ser considerado ya terror de Estado, pues no es la primera vez que la UIF alinea sospechosamente sus acciones con las fobias presidenciales y contra quienes se atreven a disentir con el mandatario.
Y decimos resulta donde deberíamos usar el condicional, pues el asunto apenas se ha señalado y en Palacio Nacional confían y saben que bastará el feriado de ayer de por medio y un nuevo asunto con que nos intenten distraer para que se olvide el asunto, pues en estos tiempos de la mal llamada 4T vamos de un escándalo a otro, pero con cada escándalo banalizado y condenado a quedar como hecho anecdótico.
Como sea esto nos recuerda a aquel infame Tribunal de los Tumultos, que Felipe II de España ordenó crear en los Países Bajos de los Austria, para originar el éxodo de calvinistas, los malos del cuento en ese caso, juzgar sumarísimamente a miles de acusados y ejecutar a un significativo número de ellos, con una tesis aterradora, de qué tan culpables eran los ‘herejes’ que atacaron templos católicos, como los católicos que no hicieron nada por evitarlo, pues llegamos ya a tal grado de incertidumbre jurídica que ya no bastará con disentir para ser considerado adversario y por ende perseguido.
Con el tema de los ex-presidentes de fondo, con la aberrante pregunta planteada por el Presidente que sabe que las turbas saben entusiasmarse con estos linchamientos públicos, como ya probaron los emperadores romanos hace dos mil años, podemos advertir que nuestro sistema legal está tocado de muerte al dinamitar el principio de la presunción de inocencia y trocarlo por el de que aquí todos son culpables a menos que demuestren lo contrario, con el factor adicional de que en lo sucesivo la delación dejará de ser un vicio abominable y pasará a ser una virtud civil, como lo fue en el estalinismo, por citar un ejemplo.
Y ya que citamos el ejemplo del ‘terror rojo’, hay que poner los matices pues a los adversarios del régimen, al que ese faro de luz que es Paco Taibó invita a dejar el país, lo que reincorpora a nuestra sistema para legal la figura del destierro, no se les condenará a campos de trabajos forzados o a penas capitales, pero sí a la muerte civil, al linchamiento público y, como en Chihuahua, al castigo financiero, pues los que ahora mandan y desprecian cualquier signo de disidencia, han determinado que molestar al mandatario se pagará con la ruina, lo que no deja de parecer un castigo medieval.
El resto es saberse amparados por el rugido de la turba, la desmemoria de los mexicanos y la facilidad con que nuestra ciudadanía se sabe degradar a sí misma, como comprobamos ayer en que en lugar del escándalo descrito los comentarios eran sobre la mentada e irrelevante foto del gabinete del Presidente en Palacio Nacional.
