El director de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, dijo que ya tiene en la mira a los ex-presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, presuntamente vinculados a la red de sobornos que extendió, en nuestro país y el resto de Iberoamérica la firma brasileña Odebrecht, un asunto que dará para hablar largo y tendido conforme avancen las pesquisas, el proceso para judicializar el asunto y, si es el caso, llevarlo a los tribunales.
De entrada se puede deducir que así la actuación de la UIF, si es que la hay, sirve para realizar una doble revancha, la del presidente contra Calderón, sujeto de todas sus fobias, y la de Santiago Nieto contra Enrique Peña Nieto, a quien acusa de haberle desalojado arbitrariamente de la Unidad de Delitos Electorales de la extinta PGR, en el pasado sexenio, justo en un asunto que involucraba a Emilio Lozoya.
Asegura Nieto que la UIF realiza sus pesquisas al margen de los conflictos políticos, lo que suena por lo menos poco creíble, dadas recientes actuaciones de dicha entidad, como lo suena también la afirmación de que las pesquisas sobre los presuntos delitos se estén sustentando en las supuestas revelaciones del ex-director de PEMEX, Lozoya, cuyos testimonios han servido para dos cosas, un asunto donde en su día hubo mucho ruido y ahora pocas nueces.
Como sea los señalamientos de Nieto por lo menos señalan los presuntos delitos por los que los ex-mandatarios estarían siendo, siempre en condicional, investigados y demuestra lo inútil de la mentada consulta solicitada por el mandatario para saber si se ha de indagar a sus antecesores, pues lo que significa lo declarado por el director de la UIF, es que la autoridad tiene, en todo caso, la obligación de perseguir cualquier delito si se tienen elementos que sustenten las acusaciones, sin tener que apelar al clamor popular.
Como sea estas declaraciones vuelven a avivar el fuego mediático que generó la persecución y entrega voluntaria de Lozoya a las autoridades mexicanas, y que se estaba extinguiendo, lo que, independientemente de lo que resuelva la SCJN este viernes sobre la inconstitucionalidad de la consulta exigida por el presidente, le da bonos ante los que todavía son presas del efecto que la indignación presidencial causa en una sociedad, o una parte de esta, que tiene el resentimiento a flor de piel.
Este efecto positivo de otro golpe de efecto de AMLO y los suyos se podrá medir en las próximas encuestas sobre la percepción ciudadana de la figura y el trabajo de AMLO, una vez que las semanas recientes su aprobación ha ido significativamente en descenso, aunque es prematuro saber si es el momento adecuado y este efecto tiene durabilidad suficiente para los comicios federales del 2021, aunque lo cierto es que un proceso inmediato contra las ‘bestias negras’ del presidente lo aleja de la estrategia de usar el tema para los comicios del año próximo.
Esto nos recuerda un poco la decisión o el aval del ex-presidente Zedillo a que se persiguiera, se juzgara y se encarcelara a Raúl Salinas, el ‘hermano incómodo’ de su antecesor, un asunto que entonces siguió estrictamente la vía judicial, una vez que el ex-mandatario se negó a hacer política y se limitó a cumplir sus deberes de jefe del Ejecutivo, aunque es cierto que en su día la captura y encarcelamiento del reo más ilustre de Almoloya, le ganó unos puntos, que luego sirvieron muy poco en medio del esfuerzo por salir de aquella crisis económica que marcó el principio de su sexenio.
