“Todo el arte del Gobierno consiste en el arte de ser honesto.”
Thomas Jefferson
En muchas ocasiones se han utilizado los fideicomisos como una forma de esconder gasto gubernamental que debería ser transparente. La razón es que los fideicomisos quedan protegidos por el secreto fiduciario, el cual tiene como propósito proteger los intereses de las personas que los contratan. El abuso empezó cuando el Gobierno quiso utilizar estos instrumentos para oscurecer gasto público. El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no está completamente fuera de la realidad cuando denuncia los problemas de los fideicomisos.
Pero no todos los fideicomisos tienen el propósito de ocultar gasto público. Algunos buscan dar certeza al gasto, asegurar que éste se renueve todos los años o permitir aportaciones privadas y de organizaciones internacionales a programas gubernamentales para propósitos muy definidos. “Hay fideicomisos que tienen un desempeño impecable”, reconoció Mario Delgado, el coordinador de los diputados de Morena, el 4 de octubre pasado.
El Presidente, sin embargo, no parece interesado en encontrar los fideicomisos que puedan haber sido usados para actos de corrupción, ni distinguirlos de los que tienen un desempeño impecable. De hecho, ha afirmado en repetidas ocasiones que la corrupción ya no existe en nuestro país, por lo menos no en los más altos niveles de gobierno. Supuestamente esto eliminaría la necesidad de eliminar los fideicomisos.
Si la corrupción no es la razón para extinguirlos, entonces, cabe preguntarse cuál es. Todo parece indicar que el objetivo es apropiarse de los recursos para centralizar su administración y gasto.
Mario Delgado ha afirmado que en muchos casos el gasto de los fideicomisos se mantendrá. Los recursos “que se destinaban para apoyar a cierta población beneficiada, como deportistas, cine y ciencia”, no van “a desaparecer, continuarán, pero ahora serán entregados de manera directa”. Al ser controlados por el Ejecutivo, sin embargo, no gozarán ya de certeza. El Presidente decidirá personalmente qué programas mantiene y cuáles no. Además, él y su partido podrán asumir el crédito ante los beneficiarios y recibir todo el beneficio político.
Esto significa que los fideicomisos que benefician a instituciones o proyectos que no le gustan al Presidente, como los del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) o varios de ciencia, desaparecerán. Otros, como los que se han usado para subsidiar las producciones cinematográficas, podrían subsistir, pero ya como dádivas directas del mandatario y su gobierno.
Los fideicomisos que reciben aportes tanto del Gobierno Federal como de instituciones privadas, gobiernos extranjeros o instituciones multilaterales, difícilmente podrán sostenerse en el futuro. Una de las reglas fundamentales de estos instrumentos es que los recursos sólo podrán emplearse para los objetivos específicos para los que han sido creados. Ningún aportador independiente podrá entregar recursos para un propósito que el Gobierno mexicano pueda desviar a su conveniencia política.
La razón de fondo de la desaparición de los fideicomisos es dar más poder al Presidente. López Obrador busca reconstruir los poderes de la presidencia imperial. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, declaró que ya no había guardaditos, pero la extinción de los fideicomisos permite al Gobierno apropiarse de 68 mil millones de pesos anuales. No se trata de tener más dinero para la salud, sino para el Señor Presidente.
Corporativistas
El Gobierno Federal y las principales empresas nacionales anunciaron 39 proyectos de infraestructura por un monto de 297 mil millones de pesos. Es positivo, porque la inversión productiva se ha desplomado, pero no será con acuerdos corporativistas con los mayores consorcios del país como se renovará la confianza de los medianos y pequeños inversionistas.
Twitter: @SergioSarmiento
