“Un pueblo puede agitarse por lo que la prensa diga, pero puede morir por lo que la prensa calle”.
FRANCISCO ZARCO
Es inquietante la denuncia penal de Pío López Obrador contra el periodista Carlos Loret de Mola por “divulgar conversaciones privadas”. La acción se refiere a la difusión de los videos grabados por David León en 2015 cuando entregaba al hermano del Presidente sobres con dinero en efectivo para financiar a Morena. Una sanción a Loret por llevar a cabo su trabajo periodístico sería un golpe brutal a la libertad de expresión en nuestro país.
Pío no ha denunciado a Loret por daño moral, ni lo ha demandado civilmente por difamación. La acusación es difundir indebidamente información o imágenes obtenidas en una comunicación privada, delito federal que implicaría sanciones de seis a 12 años de cárcel y multas de 300 a 600 días de salario mínimo.
En principio no debería haber mucha preocupación. El video no fue grabado por Loret, lo cual podría, quizás, haber sido considerado una violación del artículo 177 del Código Penal Federal, sino por el propio David León. Lo que se divulgó, por otra parte, no era una comunicación privada, sino un acto delictivo perpetrado en un lugar público. El problema es que en un Gobierno en que las instituciones de justicia parecen depender cada vez más del Poder Ejecutivo, la posibilidad de que un hermano del Presidente pudiera recibir un trato preferencial se volvía ominosa.
Fincar responsabilidades penales a un periodista por divulgar un acto delictivo del hermano del Presidente para beneficio del partido de Gobierno sería un golpe a las libertades. Equivaldría a prohibir el periodismo de investigación y a darle validez formal a la censura. Abriría también las puertas a una mayor corrupción.
Alegra que el Presidente haya entendido las posibles repercusiones de la denuncia. Ayer lo señaló en su conferencia de prensa: “No estoy de acuerdo. Yo creo que no debe pedirse castigo así para nadie, más si es mi hermano, porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del Gobierno que represento. Yo deslindo lo público de lo familiar”.
Habría que añadir que el rechazo a la denuncia no debe provenir del hecho que los adversarios del régimen pudieran utilizarla para cuestionar al Presidente o al Gobierno, sino porque es inaceptable que las autoridades impulsen una acción que, de fructificar, cancelaría de facto el periodismo de investigación en el país.
No basta, sin embargo, con una declaración del Presidente. La Fiscalía General de la República debe estudiar la denuncia y, si efectivamente carece de méritos, como todo parece indicarlo, tiene que señalarlo públicamente. Por otra parte, tanto la FGR como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, la Fepade, deben investigar la entrega de dinero en efectivo que reveló el video. El Presidente ha prometido en repetidas ocasiones que nadie ni nada estaría por encima de la ley. Sería incorrecto que su hermano sí lo estuviera.
La capacidad de los medios para investigar y difundir información sobre presuntos ilícitos y actos de corrupción es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática. Sancionar penalmente a un periodista por divulgar información de un ilícito negaría esta posibilidad. Esperemos que las autoridades dejen claro con sus acciones que ni siquiera un hermano del Presidente más poderoso desde los tiempos del viejo PRI puede castigar a un periodista por el hecho de exhibir un acto de corrupción.
RENACIDO
El PRI parece haber revivido. En Coahuila se llevó los 16 distritos en las elecciones al Congreso local, mientras que en Hidalgo se encuentra en virtual empate con Morena en Pachuca y Tulancingo y ha ganado la mayoría de los municipios rurales. Es verdad que son Estados tradicionalmente priístas, pero se advierte una caída en la votación por Morena.
