Se necesita ser cínico y apellidarse López Obrador para tener los arrestos de Pío López Obrador, por demandar a Carlos Loret el 2 de octubre por la divulgación de videos como “hechos presuntamente constitutivos de delitos cometidos en agravio de su persona y de su familia”, por lo cual pide que se le sancione con 12 años de cárcel. El hermano menor del Presidente se ampara en el capítulo sobre revelación de secretos del Código Penal, para castigar a quien dé a conocer “indebidamente” imágenes e información obtenidas en una intervención privada. Ese derecho entra en colisión con otro, el de la libertad de prensa, que en caso de difamación se sanciona administrativamente, porque las penas penales, muy propias de regímenes autoritarios, se anularon hace tiempo.
¿Difamó Loret? ¿Qué fue lo indebido que hizo? A juicio de Pío, exhibirlo cuando recibe casi un millón de pesos en efectivo “para la causa” de un operador político vinculado al Partido Verde, David León, que poco después fue alto funcionario del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso es un delito electoral. Otro, especificado contenido en el mismo Código Penal, es de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que entra al ámbito de la delincuencia organizada, por lo cual ambos irían a la cárcel, mientras prueban su inocencia.
Magnánimo, el Presidente le dijo a Loret que no se preocupara, porque no pasará nada. Convertido en rector de los deseos de Pío y ministerio público, ya desechó la demanda que, dijo, desconocía. Tampoco se sabe que la Fiscalía General haya actuado con la velocidad que un caso de esta magnitud requiere -¿el hermano del Presidente involucrado en un tema que cae en delincuencia organizada?-, porque ni es independiente, ni actúa con equidad, ni sufre sanción social. ¿Recuerdan alguna vez un familiar de un presidente cometiendo un delito en flagrancia? Pobre Presidente y su gobierno. No es el caso actual. El blindaje del Presidente es ciegamente abrumador.
Pío y León ya declararon en la Fiscalía General y en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, pero a diferencia de otros casos menos sólidos, de personas que le estorban al Presidente en la marcha de su gobierno, no se le congelaron sus cuentas ni se realizó un juicio sumario en la mañanera con Power Point para mostrar todo un entramado financiero de donde sacó León los recursos –y apoyar la narrativa-, o las vinculaciones de Pío y qué hizo con ese dinero.
De haberse hecho en el caso del hermano del Presidente, la denuncia que hizo Loret habría escalado por la opacidad de las finanzas de Pío López Obrador, quien no tiene ninguna actividad profesional ni tampoco registro en el SAT. Es decir, para asuntos fiscales, no existe. Pero existe en la vida diaria como un ciudadano que sí tiene ingresos y gasta, que viaja y se regala caprichos, como administrar un equipo de beisbol, además de disponer de un flujo de recursos estable para enviar dinero a su hijo de manera regular, quien se encuentra estudiando en Canadá.
La información financiera de su familia muestra que su esposa tiene ingresos, nada extraordinarios, derivados de actividades relacionadas con los sectores agropecuarios y forestales, de donde recibe ingresos que no declaró, sin embargo, durante tres años. Es decir, la cuñada del Presidente tiene inconsistencias en sus declaraciones fiscales, que tampoco ha aclarado con el SAT. Las inconsistencias pueden derivarse de múltiples razones que no tienen que ver con la comisión de un delito, y se resuelve mediante conciliación con las autoridades tributarias que, en el peor de los casos para los contribuyentes que no pretenden evadir el fisco, se resuelven cubriendo aquello que no se pagó, junto con los intereses.
Pero si la arquitectura financiera de la cuñada del Presidente no muestra sobresaltos y en términos generales es transparente, la de Pío López Obrador es totalmente opaca. La fotografía de ingresos cero es la de un indigente que sobrevive en las calles. En su caso, expertos en la materia señalan que el grueso de sus operaciones económicas y financieras se encuentran por debajo de la línea mínima, en la cual despierta la atención de las autoridades bancarias y fiscales. Es decir, todo su manejo lo realiza con dinero en efectivo, de procedencia ilícita, en los términos como lo establece el Código Penal, que debería de tenerlo sujeto a una investigación y un proceso en la Fiscalía General.
Esto no va a pasar, obviamente, lo que no significa que la opacidad de Pío se le transfiere a Andrés Manuel López Obrador, quien ha hecho de la “honestidad valiente” y su cruzada moral contra la corrupción el motor de su carrera política. Se desconoce cómo se mantiene Pío López Obrador, quien vive al margen de los órganos e instituciones que vigilan que no exista delincuentes de cuello blanco o evasores fiscales, una categoría que, sólo por su huella de ingresos y egresos, podría aplicarse a él.
Es una pena que el Presidente le haya instruido en una mañanera, de manera indirecta, que se desista de la demanda contra Loret, y ordenado al fiscal Alejandro Gertz Manero que no proceda. Ahí se quedará ese caso, que sería muy interesante ver su desarrollo, no por el destino de Loret, que probablemente le ganaría a Pío López Obrador en los tribunales –difícilmente podrían doblegarse ante el Presidente con todos los antecedentes que hay en la Suprema Corte-, sino porque el pueblo mexicano se mantendrá sin ver aún los hoyos que tiene el discurso presidencial de la integridad y fin de la corrupción, reflejado en los manejos financieros de su hermano y la violación de múltiples leyes en las que incurrió. Por mucho menos de lo que hizo su hermano, el Presidente ha quemado en la pira de Palacio Nacional a muchos otros que no piensan como él. Aquí, todo queda en familia.
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