Las reformas a la Ley del Banco de México iniciaron un tsunami en Estados Unidos que ya tocó los litorales mexicanos. El miércoles pasado, el subsecretario adjunto del Departamento del Tesoro, que dirige la Política Estratégica en la oficina de Financiamiento al Terrorismo y Crímenes Financieros, Scott Rembrandt, junto con un equipo de expertos, tuvieron una conferencia telefónica con el director general Jurídico del Banco de México, y el jefe de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda, para expresar su insatisfacción con la reforma aprobada por el Senado y plantearles las consecuencias que tendría en la relación bilateral, y en el contexto internacional, que el Pleno de la Cámara de Diputados la pasara en los términos como les llegó la minuta. El viernes vino la segunda llamada.
El Banco de México, ignorado por el Senado cuando manifestó sus objeciones a la reforma, insiste que violenta la soberanía de la institución y la coloca en el umbral del lavado de dinero, un delito de cuello blanco que, paradójicamente, el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador promovió que fuera elevado de un crimen del fuero común, a delincuencia organizada. El banco central es víctima de esta ley, pero no se entiende el papel de la Secretaría de Hacienda, si se opuso a lo que hizo el Senado o avaló la medida.
En todo caso, ya se enteraron lo que piensan en Washington que hizo López Obrador y el Senado que tiene a modo. Que haya sido Rembrandt el subsecretario que hizo la llamada, no es algo que deba minimizarse. El subsecretario maneja desde 2013 un grupo de expertos que desarrollan e implementan medidas contra el lavado de dinero y para contrarrestar el financiamiento del terrorismo, mediante iniciativas estratégicas y regulatorias en los bancos, instituciones financieras y negocios e individuos no financieros.
Que el Gobierno del presidente Trump haya puesto a Rembrandt a cuestionar las reformas a la ley, significa que el Departamento del Tesoro, junto con el de Estado y la comunidad de inteligencia en Estados Unidos, consideraron que lo que hizo el Senado atenta contra la seguridad nacional de ese país y va en contra de los esfuerzos globales para combatir el terrorismo, obligando al Banco de México a que incurra en actos delictivos y eventualmente, apoye el apoyo para actos de terrorismo internacional. El terrorismo, bajo la óptica de la mayoría de las naciones, no son únicamente organizaciones radicales islámicas, sino también cárteles de la droga.
Rembrandt les dijo que la iniciativa no bajaría el costo de las remesas, que ha sido el argumento central de López Obrador y repetido por el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien presentó la iniciativa a nombre de su jefe. Es cierto, y no tenían que llegar los estadounidenses a recordárselos. La gran mayoría de las remesas, más del 98%, son enviadas desde Estados Unidos mediante transferencias financieras, por lo que el argumento de los morenistas que beneficiaría a los familiares de los inmigrantes carece de sustento. La repatriación de dólares en efectivo, otro de los argumentos en la ley, ya se da a través de bancos mexicanos en operaciones con sus corresponsales.
Para el Gobierno de Estados Unidos, como lo presentó Rembrandt, la aplicación de la ley acarrearía afectaciones importantes al obligar al Banco de México a comprar los excedentes de dólares en efectivo, al llevarlo al terreno de asumir riesgos de lavado de dinero y de combate al financiamiento del terrorismo. Rembrandt afirmó que obligarlo a hacerlo vulneraría la autonomía del Banco de México, incrementando sus riesgos en busca de objetivos que no existen en la práctica. De hecho, planteó a los funcionarios, las reformas son contrarias a lo necesario para manejar el riesgo, con lo que habría un impacto negativo en la confianza internacional sobre la institución.
Los morenistas en el Senado no aceptan que la reforma convierta al Banco de México en una lavadora de dinero. El presidente de la Comisión de Hacienda, Alejandro Armenta, dijo que el Banco de México puede ser un órgano autónomo, pero no está por encima del Estado Mexicano. Cierto, aunque peligroso lo que dice. Si la iniciativa está bien, entonces ¿Morena quiere convertir al Estado Mexicano en un narcoestado, como se planteó en esta columna el viernes? Armenta mintió también cuando en sus justificaciones dijo que sería ahora responsabilidad del banco central detectar el lavado de dinero. En realidad, eso hace ahora el banco, y lo que pretende la ley es quitarle la discrecionalidad –donde aplica sus medidas para minimizar los riesgos–, y por mandato obligarlo a comprar los excedentes sin posibilidad de verificar la procedencia del efectivo.
Los señalamientos de Rembrandt no vinieron sólo como observaciones. Durante su plática con los funcionarios mexicanos dijo que las negociaciones que han tenido los dos gobiernos de la participación de bancos estadounidenses en el sistema de pagos electrónicos en moneda extranjera que opera el Banco de México para una mejor interconexión entre los dos países, puede caerse. No hay que explicarlo mucho. Si por ley el Banco de México lava dinero, esos recursos enfrentarán una barrera para evitar que penetren en sistema de pagos en aquella nación.
Junto con ello, vienen acompañadas otras medidas que, de manera informal, no en la conversación con Rembrandt, empezaron a surgir. La más importante, por lo inmediato, sería el aviso de la posible cancelación de una línea de crédito de la Reserva Federal a México, que sólo les ha otorgado a cinco países. Aunque la reacción inmediata fue de Estados Unidos, la ley empezará a desdoblar preocupaciones en otras naciones, al convertir a México en un potencial paria financiero, primero, y sujeto a aislamiento y eventuales sanciones posteriores si llega a ser considerado como un país promotor del terrorismo, como Corea del Norte, Irán, Siria y Sudán, por la vía del narcotráfico.
