(EL UNIVERSAL).- El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para castigar hasta con cuatro años de cárcel; la destitución e inhabilitación de hasta nueve años para desempeñar un cargo público a quien abuse de su puesto y/o autoridad y acceda de forma ilegal y ventajosa a las vacunas.
Este jueves, la diputada federal panista, Annia Sarahi Gómez Cárdenas, presentó una reforma para modificar el artículo 215 del Código Penal Federal y sancionar a quien se beneficie de su encargo para obtener una ventaja en la atención médica, vacuna o insumo médico.
La propuesta no solamente se queda en el propio funcionario, sino también sancionaría el apoyo que pudiera brindarle a un familiar o cualquier tercero para beneficiarlos con atención médica, vacunas o insumos médicos.
“Cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, obtenga para beneficio propio, de un familiar o de cualquier tercero, acceso con prioridad y ventaja de cualquier atención médica, vacuna o insumo médico”, define la propuesta de modificación del inciso XVII del artículo 215 del Código Penal Federal.
“Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por la fracción XVII, se le impondrá de uno a cuatro años de prisión y destitución e inhabilitación de cuatro a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Las sanciones señaladas en el párrafo anterior se duplicarán cuando la conducta se realice en el periodo de emergencia sanitaria”, define la panista.
En su exposición de motivos, la legisladora panista explica que la crisis sanitaria ocasionada por la presencia del virus SARS-CoV2 en el mundo ha generado una demanda inusitada por las vacunas y fármacos destinados a combatir esta pandemia y ante el reducido número de vacunas que llegan al país y la urgencia de millones de ciudadanos por ser inmunizados, se han generado grandes incentivos por tener acceso a una dosis de vacuna de forma anticipada.
“Hemos sido testigos en los últimos meses de funcionarios públicos que utilizan su posición de poder y privilegios para ser inmunizados aun cuando las autoridades han expresado claramente que en esta etapa de vacunación únicamente el personal de salud puede tener acceso a la vacuna.
“Por estas razones, considero que es necesario reformar el Código Penal Federal para que se castigue a los funcionarios públicos que en beneficio propio o de un tercero, utilice su empleo, cargo o comisión pública, para acceder con prioridad y ventaja a tratamientos médicos, vacunas o insumos médicos”, describe.
Otro caso de mucha relevancia fue el de un director de hospital en el municipio de Rayón, en el estado México, que se saltó las normas vigentes en el proceso de vacunación y logró que inmunizaran a dos miembros de su familia. A pesar de que este hecho fue condenado y calificado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como “inmoral”, es evidente la necesidad de un cambio en la legislación para generar castigos a las personas que decidan actuar de esta forma.
“Estas acciones inapropiadas se caracterizan por estar fundamentadas en el delito de abuso de autoridad, el cual es definido como la exageración o extralimitación que las autoridades o funcionarios públicos hacen de las facultades que les están concedidas para el desempeño de su cargo u oficio. De esta forma, hemos visto cómo políticos o funcionarios públicos utilizan de sus facultades para acceder de forma ilegal y ventajosa a las vacunas”, explicó.
“Existen millones de mexicanos que necesitan con urgencia ser inmunizados ante la pandemia del Covid-19. Ante la escasez de este fármaco, inevitablemente surgirán incentivos por romper las normas y tratar de acceder a él de forma ventajosa e ilegal. Por esta razón, es necesario reformar el marco legal actual para evitar que esto suceda y la vacuna llegue primero a los mexicanos que más lo necesitan”, define.
