“La liberación de las manifestantes sin duda fue una decisión política para evitar que creciera el problema”, así fijó su postura Fernando Amador, presidente del Colegio de Abogados, quien por otra parte advirtió que la marcha fue una muestra del hartazgo de la gente por la poca respuesta de los gobernantes para resolver los asuntos públicos.
“El acto que se presentó el 8M es una muestra de que a la gente le interesa un comino quién esté enfrente, lo que quiere es llamar la atención para ser escuchada. De que pasan noticias, actos de violencia, todo y nada se inmuta, ya no hay ese efecto de sorpresa”; aclaró que muchas de las manifestantes exigían que se les brinde protección, que se les escuche.
El líder del gremio explicó que para tener una sociedad participativa y con afán de prosperidad es necesario que el Gobierno y el sistema (Gobierno municipal, estatal y órganos de poder que se valen de impuestos) den resultados, de lo contrario seguirán surgiendo actos como el de la marcha.
“Fue lo mejor que salieran, pero tal vez no adecuado. Ellos (las autoridades) están convencidos de que el problema se acabó, pero no es cierto. Por otra parte, como estamos en un estado de derecho, el que no cumple los ordenamientos está obligado a que le sean reclamados por medio de una pena, por hechos o actos ilícitos cometidos”, explicó el abogado.
Indicó que actos como los llevados a cabo en la marcha, por pintas y destrozos, evidencian un ambiente social complicado.
