Al mismo tiempo que ayer presentaron ante la Sala Administrativa del Poder Judicial del Estado el recurso legal de la revisión del acuerdo para que se les levante el castigo que les impuso el Gobierno por no avalar la asociación que se les propuso con la empresa ADO, los concesionarios afectados advirtieron que ya sobrepasa los 7.5 millones de pesos el monto de los daños económicos que se les ha provocado por la desactivación de sus 86 autobuses.
“Se presentó el recurso de la revisión del acuerdo que se emitió en relación a la demanda de nulidad de la acción de las autoridades, debido a que se tiene que cumplir con este requisito legal para entonces proceder a irnos a la siguiente instancia, que serían los tribunales federales, donde hay la total confianza en que se echará para atrás la medida injusta y arbitraria que se impuso en nuestra contra desde el sábado 28 de agosto”, señaló el presidente de la Línea Express, Jaime Carranza Ochoa.
En el recurso de revisión se le está pidiendo a las autoridades de la misma Sala Administrativa que se analice la resolución que se tomó y que anule la determinación tomada por las autoridades encargadas de la operación del servicio de transporte urbano, para que de esa manera se pueda habilitar nuevamente los camiones chinos y los demás autobuses que están fuera de servicio, pues se considera que se está violando los derechos y afectando el patrimonio de los transportistas, mencionó.
Asimismo y luego de señalar que no se trata ni de un capricho y mucho menos de un berrinche, sino de un derecho que les asiste luego que se les obligó a invertir en la compra de los camiones nuevos y de que incluso se le sigue pagando a los choferes y al demás personal de apoyo de la empresa Línea Express pese a que no se les permite trabajar por la medida tomada por las autoridades, el dirigente de los transportistas afectados insistió en que no se cederá en la defensa de sus derechos, además ahora se buscará la indemnización del Gobierno por las fuertes afectaciones económicas que les ha generado la suspensión de las 86 unidades que siguen detenidas.
En ese sentido y luego de señalar que la presentación del recurso de revisión de la decisión tomada por la Sala Administrativa es un requisito legal que se tiene que cumplir antes de proceder a la siguiente instancia, que es buscar la protección legal en los tribunales federales, el directivo de la Línea Express insistió en que “en una de esas y tomando en cuenta que ya aumentó la demanda del servicio por la reanudación de la actividad escolar, la afectación económica por tener parados los autobuses alcanza al menos los 7.5 millones de pesos”.
