Los señalamientos de la Contraloría General del Estado sobre la danza de los millones al amparo de las licitaciones y obras no debe quedar en meros dichos sino que se dé vista al Ministerio Público para que el caso se indague y se castigue a los malos funcionarios públicos que tengan responsabilidad en las posibles irregularidades, demandó Fernando Alférez Barbosa.
Luego de cuestionar el papel de “tapadera” que juegan tanto el Congreso del Estado y el Órgano Superior de Fiscalización, como la Fiscalía de la Corrupción, las cuales sostuvo que son un cero a la izquierda, el secretario de Organización de la dirigencia estatal de MORENA exigió que se aclaren bien los señalamientos del contralor Arnoldo Hernández Palomino en torno a los 26 funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas, Instituto de Infraestructura Educativa y del Instituto del Agua, que tienen procedimientos pendientes y que corresponden a obras y licitaciones que involucran más de 12,500 millones de pesos no solventados en su manejo.
“El contralor general y los contralores internos de las dependencias deben de asumir su responsabilidades y no solamente hacer denuncias mediáticas, pues el ejercicio del gasto público tiene controles y si el desvío de tantos millones de pesos está probado tal como se afirma, pues lo que procede es dar vista al Ministerio Público”, aseveró.
Se debe dar ese paso para darle certeza al combate a la corrupción, puesto que “sabemos que el Congreso del Estado es un simple apéndice del Ejecutivo al menos en Aguascalientes, porque todos los grupos, incluido parte del grupo de MORENA, está al servicio del Ejecutivo y esta serie de complicidades es todavía más peligrosa que la corrupción que se asuma, porque no podemos seguir pensando que el ciudadano, el que paga impuestos y elige gobernantes, es el que debería en todo caso de exigir que estas irregularidades sean penalizadas conforme a la ley”.
Fernando Alférez advirtió que el caso ventilado por el titular de la Contraloría no debe quedar en el simple señalamiento público sino que se debe pasar al terreno legal, “porque hemos visto con indignación como entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se instaura la peor de las políticas públicas que es el tapaos los unos a los otros y esto parece que está sucediendo, porque ha habido graves denuncias tanto de palacio menor como de palacio mayor y aquí es donde el Órgano Superior de Fiscalización que se supone es un órgano autónomo acaba convertido en una agencia de colocaciones del Congreso del Estado y esto es todavía más indignante que cualquier cosa”.
Insistió que el caso debe llevarse hasta el Ministerio Público, “porque no puede ser que la Fiscalía Anticorrupción sea una convidada de piedra, porque nada más esté a la expectativa sin tomar acciones punitivas que están claramente establecidas en la ley, ya sabemos que la corrupción ya es un delito y si antes era una situación administrativa, pues ahora ya la corrupción se castiga hasta con cárcel, así es que pongan sus barbas a remojar todo mundo”, concluyó.
