CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 9 (EL UNIVERSAL).- Como un retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos, calificó la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), consumado anoche por el Senado.
Para Al-Nashif las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados y el Senado dejan a México sin una policía civil a nivel federal y profundizan aún más el papel de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública del país, por lo que expresó este viernes su preocupación.
«Las reformas dejan efectivamente a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, consolidando aún más el ya prominente papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública en México.
Los mecanismos de derechos humanos han señalado claramente que las Fuerzas Armadas sólo deben intervenir en la seguridad pública de forma temporal, en circunstancias excepcionales, como último recurso, y siempre bajo la supervisión efectiva de órganos civiles independientes», dijo Al-Nashif.
La comisionada interina crítico el proceso de discusión del paquete de reformas legislativas para transferir el control operativo, presupuestario y administrativo de la Guardia Nacional al Ejército, al señalar que los debates públicos fueron muy limitados antes de que los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaran la transferencia.
Además, manifestó su preocupación por otras iniciativas en curso para profundizar aún más la militarización de las fuerzas de seguridad, incluida la propuesta presentada por el PRI en la Cámara de Diputados para ampliar el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública hasta 2028.
La funcionaria recordó que, aunque la militarización de las fuerzas de seguridad ha ido aumentando de forma constante en México desde 2006, esto no se ha traducido en una reducción sostenible de la criminalidad, sino que ha provocado un aumento de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas.
Al-Nashif consideró preocupante que las reformas aprobadas no incluyan mecanismos que garanticen la supervisión civil de la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional.
«Las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas a las autoridades civiles. Es preocupante que las reformas aprobadas no incluyan ninguna disposición que garantice la supervisión civil de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que plantea preocupaciones adicionales en materia de derechos humanos, incluso sobre la rendición de cuentas», expresó.
Ante ello, la funcionara hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que refuercen la supervisión civil en el sector de la seguridad, en consonancia con las normas de derechos humanos.
