Desde ayer comenzó a correr la cuenta regresiva para que el ex-gobernador Martín Orozco Sandoval pueda terminar en prisión y fuera de la jugada política y con ello del fuero que busca para evitar la acción de la justicia, esto al iniciar el juicio legal por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y tráfico de influencias que están relacionados con el tema de los terrenos que se agenció desde su época como alcalde del Municipio capital.
Aunque a su salida del Palacio de Justicia se negó a emitir declaración alguna y sólo se limitó a señalar que “ya pronto hablaré”, el ex-gobernador acudió más por fuerza que por convicción a comparecer ante la jueza que lleva su caso para entrar de lleno al proceso judicial que se le sigue como resultado de la denuncia interpuesta tiempo atrás por la representación jurídica del Gobierno Municipal.
A su llegada al Palacio de Justicia, Martín Orozco se encontró con sus dos defensores (Julio Serna y Gastón Adán Zamarripa) y tras firmar el libro respectivo para cumplir con el ordenamiento legal, accedió a la sala del Juzgado Segundo Penal, donde fue notificado por la jueza Ana Luisa Rea Lugo del caso en el que está involucrado y de los señalamientos que existen en su contra por el traspaso “amañado” de los terrenos propiedad del Municipio que ahora lo tienen metido en un serio predicamento.
Pese a la oportunidad que se le otorgó para hablar lo que a su derecho convenga, el ex-gobernador enmudeció, aflojó las quijadas, aceleró el paso para abandonar las instalaciones del Poder Judicial, despedirse de prisa de sus abogados y trepar al camionetón con vidrios polarizados que lo transportaba, sin emitir más palabras.
De la audiencia programada y que es un caso que se lleva al margen de las más de 900 carpetas de investigación que acumula el Órgano Superior de Fiscalización de 2018 a 2021 y las cuales involucran al ex-gobernador panista, lo único que trascendió fue que al principal involucrado en el caso del fraude cometido con los terrenos del Municipio se le notificó de los señalamientos en su contra y del requerimiento que está haciendo la representación jurídica del Ayuntamiento de Aguascalientes para resarcir la afectación por la maniobra turbia que le permitió al ex-gobernador y socios apropiarse indebidamente de los referidos predios.
“El proceso judicial entra en su recta final, ahora la autoridad a cargo analizará a detalle todo lo relacionado con el caso que involucra a Martín y en agosto o septiembre a más tardar emitirá la sentencia, aunque por las pruebas que se presentaron del caso, todo apunta a que el ex-gobernador ahora sí podría pasar una buena temporada en el Cereso”, manifestaron fuentes cercanas al asunto.
De ser así, el ex-gobernador se encontraría impedido legalmente de ser candidato a cualquier cargo político, lo que buscaría para obtener otra vez fuero.
Es de tomarse en cuenta que precisamente el ex-alcalde y ex-gobernador enfrenta desde 2007 un juicio penal por las denuncias que la representación jurídica del Municipio presentó en su contra desde entonces por los delitos de Ejercicio Indebido del Servicio Público y Tráfico de Influencias, derivado todo de los terrenos que ahora lo tienen con un pie en la prisión.
