Los directivos y socios de Línea Express se vieron obligados a vender un lote de autobuses para sufragar los gastos generados por el proceso legal y administrativo que siguen para que se les restituyan sus derechos y se les permita volver a prestar el servicio tras la decisión unilateral que tomó el ex-gobernador Martín Orozco para entregarle el servicio a la compañía ADO, aseguró su presidente Jaime Carranza Ochoa.
Señaló que en principio la empresa se deshizo de 9 autobuses cuyo precio de venta osciló entre los 660 y 700 mil pesos, cuando en su momento el Gobierno pretendía pagar sólo 90 mil pesos, además de que otras unidades que fueron rentadas ya le fueron regresadas al arrendador debido a que la situación se volvió insostenible por las medidas adoptadas por las autoridades de Movilidad.
Sin ingresos y con los autobuses detenidos resultaba prácticamente imposible solventar los gastos por la contratación de la defensa jurídica, por lo que hubo necesidad de recurrir a la venta de algunos autobuses y a regresar los que estaban en renta para estar en posibilidades de llevar la defensa de los intereses de la empresa que fue castigada de manera injusta por su negativa a no vender acciones y las unidades del transporte en las condiciones que impuso en su momento la administración anterior.
Los nueve autobuses de los que se deshizo Línea Express fueron adquiridos por empresarios del sector de las ciudades de Guadalajara y Puerto Vallarta que ofrecieron un pago justo por las unidades y cuyas cantidades fueron mucho mayores que las que pretendió pagar el Gobierno de Martín Orozco cuando decidió entregarle el servicio del transporte urbano a la empresa Autobuses de Oriente, subrayó el directivo de Línea Express.
Otros camiones de la empresa le fueron regresados a sus dueños originales que los habían dado en renta y con ello bajaron de manera importante los costos operativos que se generaron pese a que en los últimos dos años y medio los autobuses permanecieron varados a causa de las medidas que aplicó la Coordinación de Movilidad para seguir adelante con su plan.
Por último, sostuvo que ahora sólo se está a la espera de que la autoridad competente que lleva el caso emita el resolutivo definitivo de las demandas de amparo por las medidas unilaterales que se tomaron en el último año de la pasada administración para afectar a las empresas que venían prestando el servicio y sobre todo a los usuarios del transporte urbano.
