CULIACÁN, Sin., noviembre 14 (EL UNIVERSAL).-
Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad Pública (SSPC), señaló a dos jueces de haber suspendido la entrada en vigor las reformas por la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial.
En conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador en las instalaciones de la 9 Zona Militar, el subsecretario acusó que Juan Fernando Luevano Ovalle, juez Decimosegundo de Distrito en Chihuahua, tres días después de la publicación de la reforma decretó su suspensión para evitar que se aplicara la cancelación o suspensión de los fideicomisos.
«Tenemos el caso de dos jueces que suspenden la entrada en vigor de reformas. Se trata de que la reforma por el decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación por el que se extinguen 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que fue publicado el 27 de octubre de 2023.
«El juez Juan Fernando Luevano el 30 de octubre, es decir tres días después de la publicación del decreto, concedió una suspensión provisional para las autoridades señaladas como responsables se abstengan de aplicar y efectos legales de la reforma, se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos, suspendan de forma inmediata la entrega y/o transferencias de los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal».
«Aquí el juez Luévano Ovalle, concluyó que atendiendo la apariencia del buen derecho de no otorgarse esta suspensión la reforma puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación para los proponentes y que esto puede trascender al interés social, ya que la sociedad está interesada en que se mantenga el sistema democrático, la división democrática, la independencia judicial y autonomía presupuestaria»
Rodríguez Bucio también señaló que el 7 de noviembre la jueza Elizabeth Trejo Galán, jueza Novena de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó una suspensión provisional en favor de la Asociación de Jueces del Poder Judicial para que se suspendan las consecuencias de la reforma.
