El periodismo y el activismo son trabajos de alto riesgo en México en los últimos años, razón por la que las diputadas Leslie Figueroa Treviño y Nancy Gutiérrez Ruvalcaba promovieron un mecanismo estatal de defensa para estos gremios, ya que es una iniciativa que busca salvaguardar la integridad física de aquellos que a través de su activismo o periodismo promueven la justicia, la transparencia y la defensa de los derechos fundamentales en nuestra sociedad.
Así mismo anunciaron la apertura de la convocatoria para la designación de las personas encargadas de representar a los gremios de activistas de los derechos humanos y periodistas, “aunque entremos tardecito en nuestro Estado, más vale tarde que nunca”, señaló la diputada Leslie Figueroa, tras apuntar que Aguascalientes era uno de los tres estados que carecían de una legislación para la protección de estos grupos.
De cara a uno de los más grandes procesos electorales dijeron que se pone en riesgo y en un punto de vulnerabilidad a los periodistas y activistas, por lo que buscan que la coordinación estatal se pueda instalar para el último día de febrero y hasta este viernes es la fecha límite para entregar documentos para el registro de los interesados en participar.
La coordinación estatal requiere de una persona que represente al gremio periodístico, así como alguien que represente al activismo, ya que en México son profesiones de alto riesgo, por alto índice de violencia que se comete en su contra.
Mencionaron que la implementación de dicho mecanismo estatal es vital para salvaguardar la integridad de las personas que buscan la verdad y la justicia.
Los requisitos para participar en dicha convocatoria es ser mayor de edad, de nacional mexicana, con al menos dos años de residencia en la Entidad, no pertenecer al Estado eclesiástico o de otro culto, ni ser una persona activa en las Fuerzas Armadas, no haber sido señalado, ni condenado por acciones u omisiones emitidas por organismos públicos de defensa y protección de los derechos humanos, ni condenados que no hayan cumplido satisfactoriamente con la pena impuesta, no haber ostentado un cargo de elección popular de alguna Secretaría, Subsecretaría, Fiscalía u otra dependencia gubernamental.
