La Casa Blanca rechazó este martes la decisión del Tribunal Supremo del país de permitir que se aplique una polémica ley migratoria que da a las autoridades en Texas la potestad de detener y expulsar a personas que consideren “sospechosas” de haber cruzado la frontera sur de manera irregular.
En un comunicado, la portavoz del Gobierno de Joe Biden, Karine Jean-Pierre, criticó la decisión de los magistrados del máximo tribunal y tildó la legislación, conocida como SB4, de “inconstitucional”.
La normativa “no solo hará que las comunidades en Texas estén más inseguras, sino que supondrá una carga para las autoridades locales, sembrará el caos y la confusión en nuestra frontera sur”, señaló.
La jefa de prensa de la Casa Blanca añadió que la legislación, que fue aprobada por el Congreso estatal de Texas el año pasado, es un ejemplo de la “politización de la frontera por parte de los republicanos”.
La decisión del Supremo de este martes permitirá a las autoridades del estado sureño hacer cumplir esta nueva ley mientras un tribunal en menor instancia examina una demanda presentada por el gobierno de Biden y organizaciones en defensa de los derechos humanos.
Los demandantes habían pedido al Supremo que detuviera la implementación de la medida mientras se dirimía el caso en el Quinto Circuito de Apelaciones.
La ley, una de las medidas antiinmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, convierte en delito menor el que un extranjero “ingrese o intente entrar al estado desde una nación extranjera” de forma irregular. La falta se convierte en un delito grave, punible hasta con 20 años de prisión, si el infractor es reincidente.
La iniciativa también permite que la Justicia estatal ordene la expulsión de personas sin mediar proceso legal. Asimismo, los oficiales de policía podrán arrestar a cualquier individuo del que sospechen que ingresó de manera irregular al país, y tendrán la facultad discrecional de expulsarlo a México en vez de arrestarlo.
Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que la inmigración es competencia “exclusiva” del Gobierno federal y criticó que permitir que S4B entre en vigor supondrá un “caos” y complicará el trabajo de sus agentes, pero aseguró que estos seguirán aplicando la ley federal.
Inicialmente, la medida promovida por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, debía entrar en vigor el pasado 5 de marzo, pero un juez federal se puso del lado de los demandantes y la prohibió.
El fiscal de Texas, Ken Paxton, llevó la pelea al Quinto Circuito de Apelaciones y obtuvo su respaldo, por lo que los demandantes acudieron al Supremo para evitar que entrara en vigencia la ley pidiendo una moción de emergencia, que finalmente fue negada.
La decisión del Supremo fue celebrada por republicanos y funcionarios de Texas que apoyan las medidas restrictivas impuestas por Abbott.
Paxton aplaudió en un mensaje en X la decisión del alto tribunal: “Esta es una gran victoria, (…) es un gran honor para mí defender a Texas y su soberanía”.
Por otro lado, el abogado principal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, en inglés) calificó la decisión como “decepcionante”.
El abogado añadió en su comunicado que la normativa “amenaza la integridad de las leyes de inmigración” de Estados Unidos “y los principios fundamentales del debido proceso”, por lo que seguirán luchando hasta derrotarla.
