Las asociaciones civiles pertenecientes al Observatorio de la Ley 3 de 3 dieron a conocer que al menos 7 candidatos a diferentes cargos políticos de elección popular cuentan con denuncias por ser deudores alimentarios o maltratadores.
En este sentido las activistas hicieron el llamado a que la sociedad haga sus denuncias correspondientes en contra de las y los candidatos, “decir él es mi agresor y debe la pensión alimenticia”, porque todavía se cuenta con el tiempo suficiente para poder bajarlos de sus aspiraciones políticas y podrán serlo hasta cumplan con la sentencia que se les estableció.
Mariana Ávila Montejano, dirigente del Observatorio de Violencia Social y de Género, dijo que existen plazos, ya que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral establece que después del 5 de mayo pasará al análisis a los consejos locales y distritales para que se toman en cuenta para el análisis los requisitos de elegibilidad.
Dijeron que lo que se busca es eliminar las candidaturas en caso de no cumplir con los requisitos y que se encuentran dentro del padrón de deudores alimentarios.
Por lo anterior, Vania Gutiérrez Barrera, del colectivo de deudores alimentarios, apuntó que desgraciadamente no se cuenta con el padrón de deudores alimentarios, pero el Instituto Estatal Electoral ha sostenido reuniones con el Poder Judicial para poder entrelazar la información para saber quiénes son.
“No podemos tener a candidatos o personas en puestos de poder, porque lo que hacen es seguir ejerciendo la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, manifestaron las activistas.
Señalaron que ya se tienen identificados algunos candidatos de todos los partidos y en cuanto se tenga la denuncia establecida estarán dando a conocer los nombres; “necesitamos por eso el apoyo para que la ciudadanía denuncie”, dijeron.
Indicaron desconocer en estos momentos cuáles serán las sanciones que aplicará el INE en contra de los partidos políticos que tengan candidatos violentadores.
Las y los candidatos deben de presentar una carta de buena fe en donde establecen no estar involucrados en algún proceso que establece la Ley 3 de 3, por lo que la autoridad competente tendrá que tener toda la información de lo que están implicados.
