Ante los diversos riesgos financieros y económicos que tendrían, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) pidió al Congreso de la Unión reconsiderar el planteamiento de la Reforma Judicial y mantener la independencia de los órganos autónomos.
En conferencia de prensa, aseguró que es importante garantizar la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones para fomentar la inversión y el crecimiento económico.
En materia judicial, disminuirá la seguridad y confianza de los inversionistas porque se politizarían las designaciones de jueces, con lo cual podrían ser sujetos de presiones externas, advirtió el presidente del Instituto, José Domingo Figueroa.
A nombre de los ejecutivos de finanzas del país, externó su gran preocupación por las consecuencias económicas y financieras que implican la sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, y la eliminación de los órganos autónomos en México.
Con dichos cambios, aumentarán los riesgos financieros de las empresas y del país, remarcó. Lo anterior, sentenció, impactaría en la estabilidad y crecimiento económico.
Incluso indicó que existe la posibilidad de perder el grado de inversión, lo que desataría una mayor volatilidad en el tipo de cambio y dificultades en la capacidad de financiamiento, tanto para el gobierno federal como de las empresas.
“La posibilidad de perder el grado de inversión, propiciará una mayor volatilidad en el tipo de cambio”, alertó.
Sobre la desaparición de órganos autónomos como la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía, puntualizó que se encarecerán los costos y representará un retroceso en la eficiencia económica.
Con ello, se eliminaría la oportunidad que representa la relocalización de empresas, fenómeno conocido como “nearshoring” porque frenará o retrasará las inversiones que requiere México para crecer por arriba del 2% del producto interno bruto (PIB), es decir el promedio que hemos tenido en el presente siglo.
Hizo hincapié en tener presente que al cierre de 2024 las finanzas públicas presentarán un déficit de aproximadamente 5.9% del PIB que traerá como consecuencia un margen de maniobra limitado en el presupuesto de 2025 y en los siguientes años.
Frente a ese panorama, estableció, se requiere de la inversión privada como motor principal para el crecimiento económico.
