Socios de la empresa Línea Express acusaron a las autoridades del Tribunal Administrativo de pretender aniquilarlos tras asegurar que junto con la inhabilitación de sus camiones que está por llegar a los tres años, ahora han estado procediendo en su contra con el embargo de los bienes familiares para presionarlos a pagar los créditos que se contrataron por ordenes del ex-gobernador Martín Orozco para renovar las unidades.
Cuando están por cumplirse tres años de que fueron sacados de ruta los 86 autobuses de la empresa por no haber aceptado las condiciones para entregarle la operación de los camiones urbanos a una empresa foránea (ADO) y la venta de sus camiones muy por debajo de su costo, los afectados denunciaron que los magistrados del nuevo tribunal local han actuado por consigna en contra de quienes están luchando por sus derechos luego que de manera arbitraria se ordenó la inhabilitación de sus autobuses con los que participaban en la prestación del servicio del transporte de pasajeros.
“El Tribunal Administrativo ha venido actuando con todo en contra de nosotros, porque no conforme con que ha alargado el proceso para la desinhabilitación de los autobuses de Línea Express, ha arremetido ordenando los embargos de vehículos, casas y otros bienes de los socios de la empresa Línea Express con el pretexto de las demandas de pago por los créditos que se contrataron con la financiera estatal para la compra de los modelos de camiones que se pedían por parte del gobierno en el administración de Martín Orozco”.
“QUIEREN REMATARNOS”
Los camioneros indicaron que de esa manera es como se les ha venido presionando por las mismas autoridades del Tribunal Administrativo, “quizá para terminar de rematarnos y para que nos desistamos de la demanda que se presentó desde hace ya casi tres años por haber sacado de ruta a todos los camiones con los que participaba Línea Express en la prestación del servicio de transporte urbano”.
Mencionaron que en los meses recientes la mayoría de directivos y socios de la empresa transportista han sido sujetos de embargos de coches y casas, ordenados por las autoridades del Tribunal Administrativo, como resultado de los juicios promovidos por los acreedores que aportaron para renovar los camiones que luego fueron inhabilitados y que del 2019 a la fecha se mantienen en ese estado a causa de la lentitud con la que se atiende el proceso legal por las autoridades.
EMBARGO DE BIENES
Los afectados indicaron que a diferencia del juicio de nulidad que se promovió contra la la decisión autoritaria que se tomó para sacar de ruta los camiones de Línea Express en represalia por no haber “malbaratado” las unidades y no estar de acuerdo con la entrega del servicio a la empresa foránea que lo opera desde entonces, la demanda que presentó la financiera para recuperar los créditos que otorgó para renovar los modelos de los autobuses ha caminado con sorprendente rapidez, a fin de presionar el pago reclamado.
“El juicio que se sigue ha sido muy costoso y los socios a quienes se les ha requerido el pago de los créditos no han podido saldar la deuda o abonar a la cuenta, siendo ante ello objetos de embargos de coches, casas, terrenos y de otros bienes”, concluyeron.
