El instituto político, que se encuentra en la víspera del cambio de su dirigencia, acumula 622 recursos de revisión por parte de ciudadanos inconformes con sus respuestas a solicitudes de información.
Entre 2016 y el primer semestre de este año, periodo en que Morena fue presidido por Andrés Manuel López Obrador, Yeidckol Polevnsky, Alfonso Ramírez Cuéllar y Mario Delgado Carrillo, el partido se erigió como el instituto político que más recursos de revisión acumuló por parte de ciudadanos inconformes con las respuestas a sus solicitudes de información pública, un total de 622.
La cifra representa 40% de los mil 531 recursos de revisión que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) recibió en el periodo a causa de siete partidos nacionales: Morena, PAN, PRD, PRI, MC, PVEM y PT.
En cantidad de recursos, el partido guinda fue seguido por el PAN, con 253, y el PRD, 235.
Morena fue reconocido como instituto político en 2014. Desde ese momento y hasta 2015 fue dirigido por Martí Batres, hoy jefe de Gobierno de la Ciudad de México. El periodo que dirigió Batres no se analizó para este trabajo porque la Ley de Transparencia que consideró a los institutos políticos como sujetos obligados directos empezó a aplicarse en forma hasta 2016.
El partido Morena es también el más sancionado por faltar a su obligación de atender las solicitudes de transparencia de ciudadanos, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE) —la entidad sancionadora— y solicitudes de información atendidas por el Inai. Desde 2016 han recibido 36 de las 50 multas impuestas por el INE.
Los ciudadanos le han preguntado a Morena sobre los recursos que ejerce en arrendamiento de oficinas, compra de inmuebles, gastos en hoteles, vuelos y viáticos en general. También le han pedido los gastos en contratación de encuestas para la designación de candidatos. Morena se ha negado a informar reiteradamente y, en muchos de los casos, ha reservado la información hasta por cinco años.
De acuerdo con datos del Inai, el índice de recurrencia de las solicitudes (número de solicitudes que fueron recurridas ante la inconformidad de la respuesta por cada 100 que fueron presentadas) es de 10.2%, el doble del puntaje general de sujetos obligados políticos, cuantificado en 5.1%.
La Ley de Transparencia establece que los partidos políticos, al igual que la administración pública federal y los poderes Legislativo y Judicial, deben publicar periódicamente la información que producen por sus actividades.
Sin embargo, el partido tiene serias inconsistencias. Por ejemplo, en el primer semestre de este año, Morena publicó cero contratos por honorarios, mientras que en el mismo periodo del año pasado tenía registrados 2 mil 719. Una situación similar a la publicación de sus padrones de proveedores: en la primera mitad de 2024 tiene reportados seis proveedores, mientras que para el mismo periodo de 2023 reportó 97, y 132 en 2022. Los gastos de comisiones oficiales de 2021 tienen cero registros, igual que los de 2024.
El último dictamen financiero que se puede consultar de Morena en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) corresponde a 2021, de acuerdo con una revisión hecha por EL UNIVERSAL.
Aun así, ha sido calificado con el 100% de cumplimiento en las verificaciones que hace el Inai año con año. Consultado al respecto, el instituto afirma que “no tiene atribuciones para auditar la veracidad de la información que publican los sujetos obligados, en este caso un partido político, o bien, para investigar si toda la información que publicitan es toda la que resguardan en sus archivos”.
En 2018, el Inai dio vista al INE sobre el incumplimiento de Morena con sus obligaciones de transparencia. Cuando el INE comenzó a revisar el caso, Morena aseguró que no había cumplido con la publicación de los datos del tabulador de pagos a los funcionarios partidistas porque un virus informático había infectado sus sistemas electrónicos, sin ofrecer prueba alguna.
Dice el documento CG192/2019: “el partido político denunciado, en diversos momentos procesales formuló manifestaciones, pero nunca aportó elementos que corroboraran su dicho, en el sentido de que la carga no se realizó debidamente debido a la presencia de un virus informático en los archivos”.
