El registro celular obligatorio enfrenta un escenario de desconfianza entre usuarios mexicanos, de acuerdo con una encuesta elaborada por la agencia de investigación de mercados Research Land.
El estudio señala que 47% de las personas encuestadas preferiría dejar de utilizar su línea telefónica antes que proporcionar información personal para completar el trámite.
Disposición dividida ante el registro celular
Los resultados muestran una opinión ciudadana dividida frente al registro celular. Mientras 47% rechazaría entregar sus datos personales aun si ello implicara perder su número telefónico, 42% afirmó que sí realizaría el trámite.
Entre quienes estarían dispuestos a cumplir con el registro, la principal razón es la dependencia del teléfono móvil para actividades laborales, comunicación familiar y tareas cotidianas.
La encuesta fue difundida después de que la autoridad regulatoria extendiera hasta diciembre, de manera escalonada, el plazo para completar el registro de líneas celulares. Aunque esta ampliación permite mayor margen operativo, el estudio identifica que persisten inquietudes sobre la protección de la información y la confianza de los usuarios.
Pablo Levy, director general de Research Land, señaló que el nuevo plazo brinda más tiempo para completar el proceso, pero subrayó que la confianza será un factor relevante durante su aplicación.
“La comunicación, la transparencia y la certeza sobre el tratamiento de la información pueden contribuir a fortalecer la percepción ciudadana sobre esta medida”, indicó.
Datos personales y seguridad de la información
La seguridad de los datos personales aparece como una de las principales preocupaciones de los participantes. El 40% consideró que el mayor riesgo de compartir su CURP y otros datos es que la información pueda ser vulnerada por hackers.
Asimismo, 29% expresó temor a que los datos sean utilizados para cometer extorsiones telefónicas. Otro 20% manifestó preocupación por un posible uso de vigilancia o control gubernamental.
En contraste, 11% de los encuestados señaló que no tiene inquietud alguna sobre el manejo de su información personal.
Estas respuestas reflejan que el registro celular no solo representa un proceso administrativo, sino también un desafío en materia de percepción pública, seguridad digital y protección de datos.
Incidentes recientes influyen en la percepción pública
Las preocupaciones ciudadanas se presentan en un contexto marcado por incidentes recientes de ciberseguridad.
A principios de 2026, un grupo de ciberdelincuentes aseguró haber obtenido 2.3 terabytes de información de al menos 25 dependencias del Gobierno de México. Según lo señalado por el grupo, la filtración habría involucrado datos de hasta 36 millones de personas.
Este caso reactivó el debate sobre la protección de los datos personales en posesión de instituciones públicas y reforzó la relevancia de las medidas de seguridad aplicadas al manejo de información sensible.
A nivel internacional, IBM estimó que el costo promedio de una filtración de datos alcanzó en 2024 un récord de 4.88 millones de dólares. Este dato refleja el impacto económico y reputacional que pueden generar los incidentes de seguridad tanto en organizaciones públicas como privadas.
Pablo Levy afirmó que los ciudadanos construyen su percepción a partir de distintos factores, incluidos los antecedentes conocidos sobre el resguardo de información.
“En un entorno donde las filtraciones de datos ocupan cada vez más espacio en la conversación pública, fortalecer la seguridad y la privacidad será clave para generar confianza”, explicó.
Cumplimiento y posible suspensión de líneas celulares
La encuesta también abordó la percepción sobre el cumplimiento de la regulación por parte de las compañías telefónicas.
El 53% de los encuestados consideró que las empresas difícilmente suspenderían el servicio a quienes no registren su línea, debido al impacto económico que representaría perder millones de clientes.
Por su parte, 29% estimó que las compañías sí cumplirán con la regulación. El 10% opinó que únicamente se suspenderán algunas líneas como medida ejemplar y 8% consideró que el sistema enfrentará dificultades antes de que la medida pueda implementarse plenamente.
Respecto al objetivo del registro celular, 41% de los participantes consideró que busca combatir delitos como la extorsión. En cambio, 25% opinó que responde a un mayor control sobre la ciudadanía.
Además, 23% lo percibió como un trámite burocrático con poca utilidad práctica y 11% consideró que podría utilizarse para otros fines, como el envío de publicidad o el cobro de impuestos.
Los resultados muestran que la implementación del registro de líneas celulares dependerá no solo de los plazos y procedimientos establecidos, sino también de la capacidad para generar confianza en el tratamiento de los datos personales y en la seguridad de la información entregada por los usuarios.
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Con información de El Universal
