La reciente resolución judicial que obliga al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a realizar una vaginoplastía a una mujer trans en la entidad ha generado un intenso debate sobre la capacidad operativa del sistema de salud pública. Ante esta situación, el secretario de Salud de Aguascalientes, Rubén Galaviz Tristán, ha emitido una postura contundente, señalando que el procedimiento representa un “gran riesgo” debido a las carencias estructurales que presentan actualmente las instituciones médicas.

Especialización médica: El desafío técnico del IMSS

El titular de la Secretaría de Salud estatal puntualizó que, aunque el marco legal garantiza el derecho a la salud y a la transformación, la realidad operativa es significativamente distinta. Según el funcionario, el principal inconveniente radica en que las unidades médicas no son entes universales, sino centros con catálogos de atención específicos.

“Todos tenemos derecho a la salud y a la transformación, pero el único gran problema que yo le veo es que no todos los hospitales como el IMSS cuentan con la capacidad para hacer una vaginoplastía”, declaró Galaviz Tristán. El secretario enfatizó que la complejidad de este tipo de cirugías requiere tanto de especialistas altamente capacitados como de infraestructura tecnológica que, de acuerdo con su diagnóstico, no está disponible en la infraestructura actual del Instituto en el estado.

Capacidad instalada: Un límite real en la atención

El doctor Rubén Galaviz Tristán fue enfático al señalar que el derecho a la salud no puede estar disociado de la viabilidad técnica. En su análisis, no se puede priorizar un procedimiento que ponga en peligro la integridad del paciente debido a la falta de equipo necesario.

“No puedo poner en riesgo a alguien si no tengo lo necesario para realizar este tipo de procedimientos y en Aguascalientes no lo tenemos”, sentenció el funcionario. Asimismo, destacó que existe una importante desinformación en la población general, la cual tiende a creer que cualquier hospital tiene la capacidad de solucionar todos los padecimientos, una premisa que ha quedado rebasada por la creciente especialización de la medicina moderna.

¿Un precedente judicial para el sistema de salud?

Tras la resolución de este caso, surge la interrogante sobre si se establecerá un precedente legal que impulse a más personas a exigir este procedimiento mediante la vía judicial. Ante este escenario, el secretario de Salud descartó que, al menos en el corto plazo, el Hospital Hidalgo sea una alternativa viable, reiterando que tampoco esa institución cuenta con la capacidad instalada ni con el personal especializado necesario para llevar a cabo este tipo de intervenciones quirúrgicas de alta especialidad.

El derecho a la salud y las vías de inconformidad

El debate también tocó la sensibilidad sobre la equidad en el acceso a servicios médicos. Galaviz Tristán comparó la situación con pacientes que aguardan intervenciones de alta complejidad, como cirugías de riñón, corazón o tratamientos oncológicos, quienes también podrían recurrir a instancias legales ante la falta de atención o tiempos de espera prolongados.

Al respecto, el funcionario estatal recordó que los pacientes cuentan con mecanismos institucionales para hacer valer sus derechos cuando existe una inconformidad con el servicio o el acto médico:

• Comisión de Arbitraje: Instancia diseñada para mediar en conflictos sobre la calidad de la atención médica.
• Vía penal: Recurso ante situaciones de negligencia o falta de cumplimiento de obligaciones.

“Hay dos cosas que se pueden hacer, al tener una inconformidad en el acto médico se puede acudir a la Comisión de Arbitraje o a la vía penal”, explicó el secretario.

La necesidad de información clara

Finalmente, el secretario de Salud del estado subrayó que, si bien la legislación permite a los ciudadanos ejercer sus derechos por las vías ya mencionadas, el problema subyacente sigue siendo la falta de información necesaria. Para la autoridad sanitaria, es fundamental que la ciudadanía comprenda los alcances y límites de los hospitales públicos para evitar poner en riesgo la vida de los pacientes en procedimientos que exceden la capacidad operativa actual del sistema de salud en Aguascalientes.

Este caso, por lo tanto, no solo es un tema de derechos humanos y salud, sino también una llamada de atención sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura médica especializada para responder a las demandas de una sociedad cada vez más diversa y exigente.