Exigen la reinstalación inmediata de 25 trabajadoras sociales del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), mismas que permanecen despedidas desde el pasado 23 de junio, pues de las 43 profesionistas que fueron cesadas, únicamente 18 han sido reincorporadas, entre ellas una trabajadora de Aguascalientes, así lo informó la presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas, Esmeralda Bañuelos Cendejas.

En conferencia de prensa, advirtió que las especialistas fueron sustituidas por personal sin la formación profesional requerida, pese a que realizan funciones indispensables en casos de violencia familiar, abuso sexual, pensiones alimenticias, guarda y custodia y otras materias de derecho familiar.

“No puede involucrarse ni suplirse con cualquier persona una función que requiere una cédula profesional y formación disciplinaria en las ciencias sociales, y cuyo objetivo es trabajar para las poblaciones con mayores vulnerabilidades sociales, económicas, del sistema, hacer acompañamiento profesional en procesos de adopción, pensión alimenticia, a víctimas de las violencias y abusos sexuales, a mujeres, niñas, niños y adolescentes”, explicó.

Asimismo, Bañuelos Cendejas alertó que la reducción de personal provocará un mayor rezago en la atención de los casos, pues las trabajadoras reinstaladas deberán asumir la carga laboral de quienes continúan despedidas.

“Más del doble de rezago. De por sí ya hay un rezago, pero pues si ya estás quitando a la mitad del personal, entonces, como te explicó lo demás, obviamente van a decir que las profesionistas no están funcionando, pero quien no está funcionando es la infraestructura, que no está dando las facilidades y está protegiendo a la ciudadanía”, señaló.

Agregó que la reorganización por circuitos obligará a que profesionistas de otros estados atiendan asuntos en Aguascalientes, lo que retrasará la realización de estudios socioeconómicos y visitas domiciliarias.

La presidenta del Colegio de Trabajadoras Sociales Hidrocálidas demandó la instalación de una mesa de diálogo con la Dirección General del Instituto Federal de la Defensoría Pública y exigió que las plazas sean ocupadas únicamente por personal con cédula profesional en Trabajo Social, reiterando que se mantendrá el respaldo a las trabajadoras afectadas hasta lograr su reinstalación y garantizar que la población vulnerable continúe recibiendo una atención especializada y oportuna.