Gasolineras exhibidas mediante lonas por parte de algunas autoridades para señalar sus costos elevados han encendido el debate en el sector energético y legal. Lejos de ser una solución efectiva, esta práctica ha sido calificada por especialistas como un acto de simulación gubernamental que busca aparentar acciones concretas frente a la ciudadanía, sin resolver el problema real del mercado de hidrocarburos.

Una medida superficial ante un problema estructural

De acuerdo con el integrante del Colegio de Abogados y exfuncionario de la Profeco, Salvador Farías, la colocación de pancartas y lonas restrictivas no constituye una aplicación real de la ley. Para el especialista, estas acciones operan únicamente como un simulacro para que la población asuma que se está trabajando en el control económico, ignorando por completo los factores macroeconómicos y técnicos que determinan el valor final de los combustibles en el país.

“Las pancartas es no hacer la ley, lo que están haciendo es un simulacro para que la gente piense que se está trabajando, el problema es el origen de dónde viene el petróleo y el costo, realmente el punto, por qué cada gasolinera tiene diferente precio, porque la molécula es diferente. Cada una de las gasolinas por el tipo de petróleo que manejan es diferente”, afirmó Salvador Farías.

Esta práctica no atiende el problema de fondo, ya que el costo de los combustibles depende de factores directos como el tipo de petróleo y las características propias de cada gasolina, lo que naturalmente genera variaciones en las tarifas entre una estación de servicio y otra dentro del territorio nacional.

La relación entre gasolineras y el marco legal actual

El incremento en la competencia comercial dentro del sector ha cambiado radicalmente la dinámica entre los permisionarios y las instancias reguladoras. Ante las advertencias institucionales y los amagos de sanción por parte del Gobierno Federal, los propietarios de los establecimientos cuentan con margen de maniobra para retirar dichos señalamientos, respaldados por la saturación y el crecimiento exponencial de la infraestructura gasolinera en los últimos años.

Al respecto, Salvador Farías puntualizó sobre la postura de los dueños de los establecimientos frente a las presiones de las instancias de vigilancia:

“Sí, nada más que los amenazan con quitarles la concesión, pero ahorita hay tanta gasolineras como Oxxos”.

Esta saturación comercial debilita el impacto coercitivo de las medidas simbólicas, permitiendo que las estaciones operen en un mercado altamente competido donde las estrategias de coacción gubernamental pierden efectividad operativa.

Imposibilidad jurídica para fijar topes a los combustibles

Otro de los puntos críticos señalados por el exfuncionario de la Profeco radica en la inviabilidad jurídica de establecer controles artificiales de precios. El marco constitucional y legal vigente impide que el Ejecutivo Federal intervenga para fijar tarifas máximas a los combustibles expendidos al público consumidor, limitando las atribuciones de las instituciones regulatorias.

Para concluir, Salvador Farías dejó en claro que el Gobierno Federal no puede establecer un tope en el precio de los combustibles tal como se pretende:

“Ese es el punto, por eso no se puede regular, lo tiene prohibido la Presidencia de la República y la Profeco”.