La comunidad comercial del estado se encuentra en un proceso de transformación drástica. Ante el anuncio de la aprobación en el Congreso de Aguascalientes de la ley que prohíbe las máquinas tragamonedas y ante el riesgo de clausura, multas o hasta de 6 a 14 años de cárcel, los dueños de las tienditas de abarrotes ya se están deshaciendo de estos artefactos. Esta medida busca reordenar la dinámica comercial de las colonias y frenar afectaciones directas a los sectores más vulnerables de la sociedad local.

Prevención ante sanciones severas en Aguascalientes

La urgencia por parte del sector comercial responde al temor fundado de enfrentar penalizaciones drásticas que pongan en peligro tanto su patrimonio como su estabilidad personal. Al respecto, Gilberto López Torres, dirigente de la Unión de Abarroteros de Aguascalientes, señaló que “se les ha estado dando los avisos e invitando a los tenderos para que vayan retirando las tragamonedas antes de que entre en vigor la ley”.

Asimismo, el dirigente gremial destacó que se están poniendo las pilas para quitar estas máquinas, ya que esto les puede salir contraproducente ante la pérdida de su fuente de ingresos y hasta de su libertad. La advertencia es clara y directa para todos los propietarios que operan en las distintas zonas del territorio estatal.

Modificaciones legales de la LXVI Legislatura

El marco jurídico de la entidad experimentó cambios profundos tras el análisis y votación de los representantes populares en el poder legislativo local. La reforma se hizo a los artículos 116 y 147 del Código Penal, presentada por todos los grupos parlamentarios de la LXVI Legislatura (PAN, PRI, PRD, MORENA, PVEM y MC), en materia de corrupción de menores o incapaces, relacionada con juegos de azar y máquinas tragamonedas.

El objeto de las iniciativas consiste en actualizar el tipo penal de corrupción de menores frente a nuevas dinámicas sociales asociadas con los juegos de azar y las apuestas electrónicas, fortaleciendo el marco jurídico de protección de niñas, niños y adolescentes en el Estado. Con esta actualización, el Poder Legislativo busca cerrar los vacíos legales que permitían la operación irregular de estos dispositivos en establecimientos comerciales de proximidad.

Combate a la ludopatía infantil y protección social

Más allá de las repercusiones jurídicas para el comercio minorista, el trasfondo de esta legislación responde a una exigencia de salud pública y seguridad comunitaria. Además del riesgo legal que enfrentan los propietarios de los establecimientos, las autoridades han enfatizado que esta medida busca combatir la ludopatía infantil y desarticular focos de delincuencia organizada que suelen operar detrás de estos dispositivos.

Según reportes locales, la proliferación de estas máquinas en tienditas de barrio ha generado una creciente preocupación social, ya que suelen atraer a menores de edad, exponiéndolos a dinámicas de apuesta desde etapas muy tempranas de su desarrollo. La presencia cotidiana de las unidades en puntos de venta accesibles para la infancia representaba un factor de riesgo constante que obligó a una respuesta institucional unificada.

Próximos operativos de inspección en colonias

El margen de acción para los comerciantes es sumamente reducido, por lo que la reacción anticipada se perfila como la única alternativa viable para mitigar pérdidas mayores. Se espera que, una vez que la ley sea publicada en el Periódico Oficial del Estado, se inicien operativos de inspección rigurosos en todas las colonias, por lo que el retiro preventivo de las unidades es la única vía para evitar el decomiso de mercancía y el cierre definitivo de los negocios locales.