En Aguascalientes existen cerca de 950 órdenes de protección activas, lo que significa que cientos de personas, principalmente mujeres, se encuentran bajo alguna medida de protección, por lo que el incumplimiento de dichas órdenes debería ser sancionado con uno a tres años de prisión; “nunca debe considerarse un asunto menor”, señaló la diputada del PAN y presidenta de la Comisión de Seguridad, Nancy Gutiérrez Ruvalcaba.
Lo anterior, dijo, se plantea en las dos iniciativas presentadas, que buscan cerrar ese vacío y permitir una respuesta rápida, firme y coordinada con las autoridades. Explicó que la primera propone reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes.
La legisladora indicó que, cuando la autoridad tenga conocimiento de la posible violación de una medida u orden de protección, se deberá informar al Ministerio Público, así como enviarle los registros que tenga disponibles; “la responsabilidad ya no recae solamente en la víctima, sino que también en las autoridades. No podemos pedirle a una mujer que ya denunció que solicite ayuda y continúe en una situación de peligro; que vuelva a iniciar sola otro procedimiento para que las instituciones actúen nuevamente”.
Asimismo, dio a conocer que la segunda iniciativa propone crear en el Código Penal del Estado el delito de violación de medidas u órdenes de protección. La propuesta establece una sanción de uno a tres años de prisión para quienes incumplan deliberadamente una orden vigente, después de haber sido legalmente notificados y sin tener una causa justificada.
Nancy Gutiérrez señaló que se contemplan como agravantes los casos en que el incumplimiento sea por razones de género para someter o intimidar a la víctima; cuando la persona protegida sea menor de edad, adulta mayor o tenga alguna discapacidad; asimismo, cuando el incumplimiento sea reiterado o se utilice violencia física en contra de la víctima.
Finalmente, la legisladora aclaró que dicha propuesta no pretende castigar encuentros accidentales, desconocimientos justificados o incumplimientos involuntarios; “para que exista el delito, la autoridad deberá acreditar que la persona conocía la orden de protección, que esta se encontraba vigente y que decidió incumplirla deliberadamente”, concluyó la diputada.
