Sigue entrampado en el Tribunal Administrativo el caso de los autobuses de Línea Express que, por órdenes del entonces gobernador Martín Orozco, fueron sacados del servicio del transporte urbano. A cinco años de ese hecho, el monto económico que reclaman los dueños de las 86 unidades inhabilitadas supera los 500 millones de pesos.
Los directivos y socios de la empresa afectada mencionaron que muchos de los camiones que fueron sacados de ruta y del servicio literalmente se echaron a perder por permanecer tanto tiempo a la intemperie y sin utilizarse, mientras que algunos otros tuvieron que venderse para cubrir parte de los créditos que se adquirieron en su momento para la compra de los mismos y también para solventar los gastos generados por la defensa legal para que se les reincorporara al servicio.
“Se nos ha afectado de una y mil maneras, aun y cuando se han ganado las demandas presentadas, sólo que todo se encuentra atorado en el Tribunal Administrativo, que tiene un compromiso con Martín Orozco y con el gobierno para que no se nos respeten nuestros derechos y se cubran los daños que se están reclamando a manera de indemnización por no permitirnos trabajar los camiones”, explicaron socios de Línea Express.
CINCO AÑOS FUERA DEL SERVICIO
En entrevista con HIDROCÁLIDO, a propósito de que mañana, 28 de agosto, se cumplen cinco años de que el entonces gobernador Martín Orozco ordenó la inhabilitación de los 86 autobuses de Línea Express, entre ellos los primeros camiones chinos, los afectados advirtieron que, aun y cuando en los juzgados se ha fallado a favor de ellos, pidiendo la reincorporación al servicio de las unidades, el asunto se encuentra atorado y “vemos que difícilmente caminará, porque el Tribunal Administrativo está amarrado, comprometido y no tiene la autonomía que se pregona en sus decisiones”.
En ese marco y luego de sostener que la justicia administrativa está en entredicho por el hecho de que dependa del gobierno, los socios de Línea Express indicaron que, a estas alturas, “todo sigue igual: los camiones que nos quedan están muy dañados y nosotros sobreendeudados porque no dejan de llegarnos demandas de pago por los créditos que se contrataron para la compra de los autobuses”.
“Es imposible que el Tribunal Electoral que encabeza Jaime Beltrán pueda resolver algo contra el gobierno o rápido y a favor de uno, porque lo hicieron a modo, así de sencillo”, advirtieron.
DAÑOS SUMAN MÁS DE 500 MILLONES
Los empresarios transportistas mencionaron que, de los 86 autobuses que fueron sacados del servicio por órdenes del exgobernador Orozco, a la fecha únicamente conservan la propiedad de nueve de ellos, pues unos se vendieron para cubrir parte de las deudas, otros fueron recogidos para incorporarlos a la flotilla del transporte urbano y algunos más definitivamente se echaron a perder por falta de uso y por permanecer a la intemperie durante tanto tiempo.
“Nos quitaron la mayoría de los camiones; tenemos ya sólo nueve, los demás los vendimos para pagar bancos y otras deudas, por lo que los socios no hemos recibido nada, pero es porque no tenemos nada”, mencionaron.
Por último, revelaron que “si nos pusiéramos a hacer cuentas desde lo que se dejó de percibir y a cinco años del problema, serían arriba de 500 millones de pesos los que se tendrían que pagar por concepto de daños y afectaciones tan sólo por el pasaje que se dejó de cubrir de entonces a la fecha”.
