La situación legal en torno al millonario fraude cometido contra la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) continúa su curso y bajo la total responsabilidad de las instancias de procuración de justicia. Ante diversas interpretaciones sobre sus declaraciones previas, el rector de la Máxima Casa de Estudios de Aguascalientes, Juan Carlos Arredondo Hernández, precisó de manera categórica que sus antecesores, Francisco Javier Avelar González y Mario Andrade Cervantes —identificados históricamente en el manejo institucional de este periodo—, no se encuentran exculpados de los hechos relacionados con la llamada estafa tipo Ponzi.
El titular de la administración universitaria enfatizó que las indagatorias siguen su curso legal y que el desenlace de este complejo asunto financiero se encuentra estrictamente en manos de la Fiscalía, instancia encargada de esclarecer los hechos y fincar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.
Opinión jurídica sobre las inversiones y el dolo
Cuestionado directamente sobre las expresiones que fueron interpretadas en su momento como una defensa hacia los anteriores rectores, Arredondo Hernández aclaró que su análisis se emitió desde una perspectiva estrictamente jurídica, diferenciando con precisión los planos de la responsabilidad legal dentro de este tipo de procesos administrativos y penales.
“Yo declaré como un abogado. Hay en el entorno de lo que está sucediendo con las inversiones dos responsabilidades, una de tipo administrativa y otra de tipo penal. La de tipo penal tiene que tener en esencia un dolo, una intención en generarle un agravio a la institución y al respecto, yo lo que mencioné es que lo que se alcanza a percibir de las evidencias con las que contamos en la institución hasta este momento y fuera de las pesquisas y la información que tenga tal vez la Fiscalía y la propia Contraloría Interna de nosotros, nosotros alcanzamos a ver una intención de invertir para tener buenos dividendos en favor de la institución”, detalló el rector de la UAA.
Asimismo, el académico y abogado advirtió que el escenario procesal podría modificarse conforme avancen las diligencias ministeriales y se aporten nuevos elementos de prueba por parte de las autoridades competentes.
“Ahora, si en el paso del proceso las personas implicadas llegan a tener una responsabilidad en las que se viera que ellos tuvieron dolo al hacerlo o tuvieron información que les indicó que era una decisión incorrecta, desde luego eso va a tener una repercusión y lo dije en aquel momento, tenemos que ser adultos y cada quien responder por sus obligaciones o sus responsabilidades”, puntualizó Arredondo Hernández.
Colaboración institucional y estatus ante la Fiscalía
En el marco de las acciones emprendidas por la universidad tras detectarse el quebranto financiero, el rector sostuvo que la institución y quienes actualmente la encabezan se mantienen al margen de las decisiones ministeriales, limitándose a cumplir con una estricta política de colaboración institucional con la Fiscalía General del Estado y la Vicefiscalía.
“No los estoy exculpando, yo hablé de una buena fe al hacerlo, hasta lo que se ve en los expedientes, pues no vi que se tratara de sacar un lucro personal; hasta ahorita no tenemos evidencia de que eso haya ocurrido. Todo lo que se ha dicho solamente es una especulación de que tal vez quisieron obtener un beneficio”, subrayó el dirigente universitario al reiterar que las especulaciones públicas difieren de lo documentado en los expedientes internos.
Finalmente, el rector confirmó que, tras el relevo institucional en la máxima dirección de la UAA, las autoridades ministeriales no han emitido nuevos requerimientos de información ni han solicitado documentación adicional sobre el fraude millonario que afectó el patrimonio de la comunidad universitaria, por lo que el caso permanece a la espera de las resoluciones definitivas por parte de la autoridad investigadora.
