Más que aumentar penas para castigar el delito de trata de personas, lo que hace falta es una verdadera vigilancia por parte de las autoridades municipales sobre los antros y bares, “hasta de que no entren menores de edad”, señaló la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, Nancy Gutiérrez Ruvalcaba.
Adelantó que se encuentra realizando un análisis para la mesa de seguridad que se llevará a cabo la próxima semana, aunque apuntó que Aguascalientes cuenta con las penas más altas a nivel nacional, además de que un aumento en las sanciones no significa la prevención del delito, sino que debe ser un tema de políticas públicas.
Tras los señalamientos por parte del Observatorio de Violencia Social y de Género, de que elementos de distintas corporaciones policiacas estaban coludidos, la legisladora dijo que no podría asegurarlo hasta contar con los resultados de las investigaciones; “yo no sería tan irresponsable de señalar autoridades”.
Asimismo, Nancy Gutiérrez dijo haber tenido una reunión con el fiscal de Estado, quien le señaló que ya había una persona vinculada a proceso con prisión preventiva justificada y oficiosa; sin embargo, hizo el llamado a que se realice una investigación para verificar que no se trate de una red más grande, misma que se mencionó que se llevaría seis meses; “debe haber otras personas involucradas”.
Manifestó que ese tipo de situaciones son preocupantes, por lo que desde el Congreso del Estado se legisla en favor de la niñez, por lo que siempre se busca el bienestar e interés superior de los menores de edad.
Finalmente, la legisladora subrayó que la prevención efectiva no recae únicamente en el marco legal, sino en la operatividad diaria de las direcciones de Reglamentos municipales. Es fundamental que los operativos en centros nocturnos no sean meros trámites administrativos, sino inspecciones rigurosas que garanticen la ausencia de redes de explotación.
Un control estricto sobre las licencias de funcionamiento y la verificación de identidad en los accesos actuaría como una primera barrera de contención, evitando que los espacios de esparcimiento se conviertan en focos de vulnerabilidad para grupos de riesgo.
