El senador Toño Martín del Campo corroboró que será el próximo 21 de marzo cuando se efectúe la reunión del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), espacio en el cual se darán a conocer las directrices y la metodología para definir a los abanderados que competirán en los diversos cargos de elección popular de cara al proceso electoral de 2027.

Ante el panorama político que se avecina, el legislador reconoció que se vivirá un escenario complejo en el país, especialmente en lo que concierne a la pugna por la candidatura a la gubernatura del Estado, donde confía en que existan criterios transparentes y definidos por parte de la fuerza política blanquiazul.

Definición de métodos y tiempos electorales en el PAN

Al ser cuestionado sobre si se considera con los atributos idóneos para abanderar el proyecto a la gubernatura, Toño Martín del Campo enfatizó que su principal interés actual es que la dirigencia establezca lineamientos precisos. “Y vamos a esperar los momentos; en cuanto estén las reglas, vamos a dar nuestra opinión”, declaró, al tiempo que respondió de forma escueta pero optimista sobre su posición en las preferencias ciudadanas: “bueno, vamos a ver, vamos bien… vamos bien”.

El senador detalló que el encuentro del Consejo se centrará exclusivamente en la normativa interna y no en la postulación de perfiles específicos.

• Reglas institucionales: Las directrices serán dictadas por el partido y deberán ser acatadas por todos los aspirantes.
• Métodos de selección: Entre las opciones contempladas figuran la designación directa por el Comité Ejecutivo Nacional, la consulta a la militancia, el uso de encuestas o bien la aplicación de algún esquema híbrido.
• Proceso competitivo: Indicó que el PAN evaluará cuidadosamente si competirá en alianza y bajo qué esquemas de operación interna.

Asimismo, el político hidrocálido apuntó que este ejercicio comicial será uno de los más retóricos y complejos en la historia contemporánea de México, dado que se renovarán gubernaturas en 17 entidades, además de congresos locales, ayuntamientos, diputaciones federales y cabildos en casi todo el territorio nacional.

Propuestas legislativas para fortalecer la seguridad y la justicia de las mujeres

En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la Mujer, Toño Martín del Campo encabezó una conferencia de prensa en la que presentó un paquete de iniciativas legislativas enfocadas en robustecer la seguridad jurídica, la protección integral y el acceso efectivo a la justicia para las mujeres en México. Durante su intervención, subrayó que los esfuerzos institucionales deben traducirse en acciones concretas que garanticen una vida libre de miedo, siendo esta una responsabilidad directa del Estado y de la sociedad.

Modificaciones clave en el Código Penal Federal

Las propuestas presentadas por el legislador abordan problemáticas urgentes respaldadas por cifras alarmantes, tales como el hecho de que en el país una mujer pierde la vida a manos de un familiar cada diez minutos, sumado a que las mujeres cargan con el 66 por ciento de las labores domésticas no remuneradas. Entre los ejes centrales de su agenda legislativa destacan:

1. Imprescriptibilidad del feminicidio: Se propuso modificar el artículo 325 Bis del Código Penal para eliminar la prescripción de este delito, evitando así que el transcurso del tiempo propicie la impunidad. La normativa también contempla duplicar las penas cuando medie una relación de confianza, jerarquía o subordinación, tales como vínculos familiares, laborales, docentes o de tutela.
2. Sanciones severas por ataques con ácido: Se planteó incrementar las penas hasta alcanzar los 20 años de prisión para quienes agredan dolosamente a mujeres utilizando sustancias químicas o corrosivas, considerando las secuelas físicas y psicológicas irreversibles que estas prácticas provocan en la vista, el rostro y la salud general de las víctimas.
3. Tipificación del acoso en espacios públicos: La iniciativa busca sancionar formalmente el acoso callejero y en el transporte público mediante penas privativas de la libertad, incorporando agravantes en supuestos de reincidencia, ataques tumultuarios o cuando las afectadas sean menores de edad, adultas mayores o personas con discapacidad.