Animalistas acudieron ante la Fiscalía General del Estado para solicitar una audiencia con el fiscal Manuel Alonso García, a fin de hacer de su conocimiento un cúmulo de investigaciones sobre una serie de abusos y casos de maltrato animal que, presuntamente, han sido perpetrados por policías estatales y municipales.

Luego de los hechos ocurridos en la Insurgentes, en donde un perro de la raza pitbull fue abatido por un policía de un balazo, por el presunto ataque del animal, los colectivos Ángeles con Patitas y Fortaleza Animal, después de presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, solicitaron la intervención del fiscal.

Las activistas Áurea Escobedo y Priscila González Alvarado entregaron en la Fiscalía un oficio que les fue recibido, en el que piden una audiencia con su titular, con la finalidad de exponerle la grave situación y la mala actuación por parte de elementos policíacos en agravio del bienestar animal.

Incluso, destacaron que cuentan con un registro de ocho perros que han sido asesinados a manos de agentes de la Policía, por lo cual indicaron que es de suma importancia que el fiscal Manuel Alonso tenga conocimiento de la serie de atropellos que se cometen en contra de los animales.

Durante su posicionamiento a las afueras de la dependencia, las representantes de los colectivos señalaron que la falta de protocolos adecuados en el uso de la fuerza por parte de los uniformados representa un peligro constante para las mascotas y un reflejo de la impunidad con la que operan algunos elementos de seguridad.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales para que se capacite de manera integral a todo el personal operativo en materia de protección animal y manejo de situaciones con animales domésticos, evitando que se repitan incidentes letales que indignan a la sociedad.

Finalmente, advirtieron que, de no obtener una respuesta favorable ni una mesa de trabajo con el fiscal en los próximos días, intensificarán sus movilizaciones pacíficas y acciones legales hasta garantizar que se finquen responsabilidades a los oficiales involucrados en estos casos de violencia.