Exigen organizaciones civiles mayor protección para colectivos de búsqueda tras el asesinato de Rubí Patricia Gómez-Tagle en Sinaloa.

Activistas exigen se garantice la seguridad e integridad de las personas buscadoras en nuestro país, así como el acceso a la verdad, la justicia y la reparación para las familias. Las voces de la sociedad civil y los colectivos defensores de derechos humanos se han levantado con firmeza tras los recientes hechos de violencia que vulneran a quienes dedican su vida a la localización de personas desaparecidas.

Este reclamo surge de manera urgente tras el asesinato de Rubí Patricia Gómez-Tagle, madre buscadora en Mazatlán, Sinaloa, quien buscaba a su hijo desaparecido desde mayo de 2025 y formaba parte del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa.

El impacto del asesinato de Rubí Patricia Gómez-Tagle

El trágicamente conocido caso de violencia contra quienes buscan a sus familiares ha vuelto a encender las alertas a nivel nacional. La ex-senadora y activista Angélica de la Peña señaló que desde la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC), lamentan el asesinato de esta madre buscadora, mismo que ocurrió al interior de su propia casa, en Mazatlán y en el contexto de la visita de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a Sinaloa.

La gravedad de estos sucesos pone de manifiesto la vulnerabilidad extrema en la que operan los colectivos ciudadanos ante la falta de garantías institucionales efectivas. La pérdida de una integrante activa en la búsqueda de justicia lacera profundamente el tejido social y perpetúa un clima de temor entre quienes buscan incansablemente a sus seres queridos.

El llamado urgente de los colectivos y defensores

Frente a la crisis de seguridad que enfrentan los sectores vulnerables y los defensores de derechos humanos, la postura de las organizaciones civiles ha sido contundente. La exigencia principal radica en que el Estado asuma su responsabilidad indelegable de protección ciudadana.

Al respecto, la activista manifestó que “defender derechos y buscar a las personas desaparecidas no debe costar la vida de nadie. Ninguna persona debió ser desaparecida y el derecho a la verdad, la justicia y la reparación debe ser garantizado por el Estado a cada una de las familias buscadoras. No podemos seguir viviendo en un México que normalice la violencia contra las personas que buscan, ni permitir que se sigan sumando madres buscadoras asesinadas”.

Asimismo, se enfatizó que las autoridades tienen la obligación ineludible de salvaguardar a la población en riesgo, implementando mecanismos reales de protección que prevengan agresiones fatales. La activista resaltó que las autoridades tienen la obligación de “garantizar efectivamente la vida, la seguridad, la integridad y la protección de todas y de todos, con énfasis en las personas buscadoras y en quienes defienden derechos humanos, en un contexto de violencia e impunidad. Esto no debería pasar y no debe normalizarse”.

Solidaridad y falta de políticas efectivas de prevención

La red de apoyo entre colectivos se ha manifestado de manera abierta para respaldar a quienes continúan con la labor de búsqueda a pesar de las adversidades. Se externó una profunda solidaridad con el colectivo al que pertenecía Rubí Patricia Gómez-Tagle y con todas las familias buscadoras del país, al tiempo que se hizo un llamado enérgico a no normalizar la violencia ni permitir que continúen los ataques contra quienes buscan a sus seres queridos.

Sin embargo, el problema estructural persiste debido a las deficiencias institucionales en materia de protección a defensores y buscadores. Las recomendaciones emitidas por organismos internacionales continúan sin reflejarse en estrategias gubernamentales sólidas que contengan los riesgos a los que se enfrentan diariamente los familiares de las víctimas.

“Nuestro país no cuenta, pese a recomendaciones y llamados internacionales reiterados, con una política efectiva de prevención y protección. Las familias quedan expuestas no solo al dolor, sino también a estigmatización, criminalización y riesgo”, concluyó Angélica de la Peña.