México, 15 mar (EFE).- La lucha por los derechos humanos en territorio mexicano se vive también en el ciberespacio, donde activistas se movilizan para defender los derechos digitales que están en riesgo, como la libertad de expresión, la privacidad, la protección de datos y el acceso universal y libre a internet.
Por ello, la organización Iniciativa por los Derechos Digitales de Latinoamérica (Indela) invertirá 1,5 millones de dólares en la región con una convocatoria que cierra el 4 de abril en la que organizaciones recibirán hasta 75.000 dólares en un período de 12 a 18 meses.
«A partir de un creciente avance de internet en nuestras actividades y vidas, enfrentamos cada vez más desafíos, como la circulación de desinformación en las redes sociales, procesos de vigilancia por parte de gobiernos, hasta la recolección masiva de datos personales», expuso este domingo Lucía Abelenda, del comité de Indela.
Abelenda es responsable de tecnología para el cambio social en la Fundación Avina, que organiza la convocatoria junto a Luminate Group y la Open Society Foundations, con el apoyo de Fundación Ford y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC).
Entre los escándalos que han despertado este activismo, Abelenda cita la fuga de millones de datos personales de Facebook o programas de espionaje ilegal como reveló «Gobierno Espía», una investigación que destapó la vigilancia que sufrían periodistas y defensores de derechos humanos en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
«En este marco, resulta crucial apoyar a las organizaciones que trabajan a diario para proteger y promover los derechos digitales en América Latina», comentó la especialista en entrevista con Efe.
LAMENTAN IGNORANCIA
Dentro del Gobierno mexicano, liderado por Andrés Manuel López Obrador, no hay una coordinación ni un claro entendimiento de las garantías digitales, lamentó a su vez Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19, organización de periodistas beneficiada con el fondo Indela.
«Se perciben estos huecos y esta falta de entendimiento de cómo funciona y, al mismo tiempo, al querer promover algún tipo de iniciativa, de cómo cuidar y que no se menoscaben otro tipo de derechos», explicó Cortés a Efe.
Este desconocimiento ocurre pese a que México registró un récord de 80,6 millones de usuarios de Internet en 2019, como reportó hace un mes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Como muestra del problema, el activista recordó que el año pasado el Gobierno mexicano presentó una iniciativa para cerrar las plataformas digitales que no pagaran a tiempo los impuestos.
También destacó el proyecto de Lineamientos de Gestión de Tráfico del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que, según dijo, pone en riesgo la neutralidad de la red, lo que despertó la iniciativa ciudadana Salvemos Internet.
Asimismo, legisladores locales tipifican nuevos crímenes digitales sin considerar las consecuencias de imponer castigos como «remoción» de contenidos, añadió Priscilla Ruiz, coordinadora legal de derechos digitales de Artículo 19.
«No es viable en este momento que las legislaturas (estatales), incluso el Congreso federal, pudieran impulsar este tipo de reformas puesto que no están viendo desde una perspectiva más amplia cómo es que este tipo de redacciones o narrativas que ellos están dando pueden causar violaciones de derechos humanos», consideró.
MUJERES LUCHADORAS
La violencia machista que las mujeres viven en las calles se traslada a Internet, advierte Lulú Barrera, fundadora de Luchadoras, una colectiva feminista que realiza, con el apoyo de Indela, un análisis legal con perspectiva de género de 13 agresiones distintas en la red.
«Puede haber leyes, pero el sistema de justicia no está a favor de las mujeres en este país, o sea, los ministerios públicos y las fiscalías nos revictimizan. Por ejemplo, las primeras reacciones ante la difusión de imágenes íntimas es que nosotras por mandar fotos somos las culpables», denuncia en entrevista.
Como principales retos que afrontan las mexicanas en internet, la experta apuntó la precaria alfabetización digital que carece de perspectiva política, el sesgo masculino del sector tecnológico y el acceso inequitativo a la justicia.
Por otro lado, señaló la persistencia de mitos entre autoridades y usuarios, como minimizar los daños de la violencia virtual, pensar que son manifestaciones nuevas de violencia y creer que los agresores son desconocidos o anónimos, pues muchos son cercanos a la víctima.
«Esta separación entre lo virtual y lo real, como si lo virtual no tuviese efectos materiales inmediatos, es falsa. Para nosotras, es muy claro que la violencia cibernética es un ‘continuum’ de la violencia que vivimos en las calles, de la violencia estructural», concluyó.
