México, 28 ago (EFE).- Activistas, expertos y hasta funcionarios federales acusaron este viernes al Gobierno mexicano de estigmatizar a las asociaciones civiles que critican al Tren Maya porque reciben donativos internacionales.
En diversos pronunciamientos cuestionaron al presidente, Andrés Manuel López Obrador, por exhibir en su rueda de prensa de esta mañana una lista con nueve organizaciones por recibir cerca de 14 millones de dólares de cinco fundaciones estadounidenses desde 2006.
«El financiamiento de fundaciones internacionales a la academia, a medios periodísticos y a organizaciones de la sociedad civil ha sido crucial para el avance democrático y ha ayudado a construir un mejor país. Ni ellas ni quienes reciben esos apoyos deberían ser estigmatizadas», opinó Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México.
Los expertos cuestionaron el documento que presentó López Obrador, quien acusó a la Fundación Kellogg, la Fundación Ford, el Rockefeller Brothers Fund, el National Endowment for Democracy (NED) y la ClimateWorks Foundation de financiar la oposición contra el Tren Maya.
Entre los beneficiarios de los recursos aparecen el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), México Evalúa, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la asociación Indignación, y el medio Animal Político.
También están el Due Process of Law Foundation (DPLF), el Centro Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), el Consejo Regional Indígena y Popular Xpujil (CRIPX), y la organización Diálogo y Movimiento (DIMO).
«Me gustaría que estas organizaciones señaladas y las empresas que dan el dinero aclaren si es cierto o no, porque se disfrazan por dinero de ambientalistas, se disfrazan también por dinero de defensores de derechos humanos y al final es un asunto de lucha de poder», declaró el presidente.
Las acusaciones despertaron críticas, incluso entre quienes apoyan el Tren Maya, proyecto insignia de López Obrador con una inversión de 5.000 millones de dólares para 1.460 kilómetros de extensión en los cinco estados del sureste: Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo.
Jesús Robles Maloof, coordinador de Ciudadanización y Atención a Víctimas de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública (SFP), defendió como «legítimas» las acciones legales que algunas de estas agrupaciones han presentado contra el proyecto.
«Las fundaciones Kellog y Ford han financiado decenas de proyectos a favor de los derechos humanos en México y han trabajado junto con organizaciones y comunidades para mejorar su nivel de vida. No estoy de acuerdo con que se les señale como contrarias a este o a cualquier Gobierno», expresó.
En tanto, asociaciones como México Evalúa, Indignación y MCCI desmintieron que reciban dinero para «oponerse» al Tren Maya.
Sus representantes argumentaron que entre sus labores están la defensa del ambiente, derechos de las comunidades indígenas y uso responsable de los recursos.
«Lo dicho en la conferencia del presidente no es veraz. México Evalúa recibe fondos para analizar políticas públicas, en ese caso, la reforma al sistema de justicia, no el Tren Maya. No ‘nos oponemos’ a nadie, somos sociedad civil», indicó Edna Jaime, directora de dicha asociación.
