ECATEPEC, Méx., marzo 22 (EL UNIVERSAL).-
Azahara Aylin «N», la menor de edad que fue detenida por ser la probable responsable de la muerte de Norma Lizbeth, la niña de 14 años que sufría de bullying por parte de sus compañeros en Teotihuacán, podría alcanzar como sanción máxima cinco años de cárcel, dio a conocer el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado de México (PJEM), Ricardo Sodi Cuellar.
«Cinco años es lo máximo que puede imponerse a un menor», precisó el titular del PJEM.
Azahara Aylin, quien actualmente tiene 14 años de edad, en caso de que fuera considerada culpable por el delito de homicidio calificado y la fuera impuesta esa condena de cinco años, rebasaría los 18 años de edad en prisión, pero continuaría recluida otro año en el Centro de Internamiento Quinta del Bosque de Zinacantepec, donde son llevados los menores infractores en el Estado de México, explicó Sodi Cuellar.
La noche del viernes, luego de un cateo realizado en un domicilio del poblado de Santa María Cozotlán, ubicado en el municipio de Teotihuacán, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y de la Comisión Nacional Antihomicidios (Conaho), aprehendieron a Azahara Aylin por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado y la ingresaron al Centro de Internamiento Quinta del Bosque de Zinacantepec.
El sábado pasado, un juez de Control del Sistema Penal de Justicia para Adolescentes determinó vincular a proceso a Azahara Aylin por su presunta participación en la muerte de Norma Lizbeth.
El 13 de marzo pasado la menor perdió la vida debido al traumatismo cráneoencefálico que le provocó Azahara Aylin por los golpes que le dio durante una pelea que sostuvieron el 21 de febrero a 50 metros de distancia de la Secundaria Oficial 0518 Anexa a la Normal, ubicada en Teotihuacán, en donde cursaba el tercer grado.
Decenas de compañeros observaron la riña y ninguno intervino para separarlas, algunos la grabaron y otros se burlaron por las agresiones que sufrió Norma Lizbeth.
Ricardo Sodi comentó que las conductas antisociales en las que frecuentemente se ven envueltos todos los adolescentes, principalmente, son los robos con violencia y delitos de alto impacto, como secuestros u homicidios.
En lo que va del 2023, 183 menores se encuentran sujetos a proceso especial, de los cuales 31 ya han sido sentenciados. En el caso de los adolescentes no se habla de penas, sino de medidas de sanción, aclaró.
«Se podría pensar que debido a su corta edad son reclutados por el crimen organizado, ya que un adolescente que está vinculado con delitos de alto impacto como robo podría tener una explicación más sencilla. En un delito de alto impacto puede haber personas de otra edad y de otras capacidades delictivas involucradas».
«Si la misma conducta que realiza un menor, es realizada por una persona mayor de edad, la pena es infinitamente mayor, por ejemplo, en un homicidio calificado para un mayor de edad la pena es de entre 40 a 70 años de cárcel, mientras que para un menor, la medida de sanción máxima será de cinco años», dijo.
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Actualmente, hay activos 64 procesos judicializados contra personal docente por acusaciones de abuso sexual, pero aún no reciben sentencia.
Reconoció que en ese tema probablemente exista alguna cifra subyacente y obscura que no se pueda visualizar, porque son actos de realización oculta y muchos de ellos no son denunciados.
«Tanto los profesores, como todo el personal de una escuela pública o privada, asumen una postura de garante de garantizar el bienestar de los niños que tienen a su cargo, por lo tanto, cualquier conducta en perjuicio de los menores, de su sano desarrollo psicosexual y psicosocial es una conducta que se agrava, es una conducta agravada», advirtió.
Sodi Cuellar recomendó que en las escuelas públicas y privadas deben existir evaluaciones del perfil psicológico y psiquiátrico de todos los que intervienen en los procesos educativos.
