La gestión del agua en el estado se encuentra en una encrucijada crítica. Tras años de desafíos en el suministro y la calidad del servicio, voces expertas han alzado la mano para señalar la urgencia de actualizar el marco legal vigente. Salvador Farías Higareda, expresidente del Colegio de Abogados, ha calificado la legislación actual de Aguascalientes como una de las más pobres de todo México, enfatizando la falta de actualizaciones sustanciales desde hace más de 30 años.
Un marco legal obsoleto: el lastre de 1994
La problemática central, según el abogado, radica en un estancamiento legislativo preocupante. “Desde 1994 hasta la fecha no se le han hecho modificaciones al articulado al respecto”, denunció Farías Higareda. Esta falta de adecuación a los tiempos actuales genera un vacío jurídico que afecta directamente a los usuarios del servicio doméstico.
El vacío en los cortes del suministro
Uno de los puntos más sensibles y debatidos es la legalidad del corte del suministro de agua. El experto subraya que existe una laguna legal significativa en el estado al no especificarse con claridad si esta acción es procedente o no.
En contraparte, el abogado recordó la disposición existente en la nueva Ley Federal de Aguas Nacionales, la cual establece que no debe existir el corte del vital líquido para uso doméstico. No obstante, la normativa federal permite mecanismos alternativos: “Lo que puede haber es una reducción de hasta 50 o 100 litros por persona”, explicó Farías Higareda.
La crítica a MIAA y el polémico tandeo
La transición hacia el Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) ha estado bajo el escrutinio público y legal. Para el exlíder de los abogados, las acciones tomadas por el Poder Legislativo local no han sido las más acertadas.
“Lo último que hicieron los diputados locales es reformar para que MIAA tenga el derecho de hacer tandeo de agua, lo cual es también un absurdo”, sentenció el jurista.
Necesidad de perfiles técnicos en la gestión
Ante los resultados observados, Farías Higareda considera que es imperativo realizar cambios estructurales en el organismo encargado del agua. “Creo que ya tuvo su oportunidad el personal que ha estado hasta el momento; por lo tanto, debe darse el segundo paso posterior a su arranque”, manifestó.
El abogado enfatiza que la gestión debe dejar de lado perfiles administrativos o políticos para priorizar la experiencia técnica. “Ahora debemos contar con expertos en redes de agua potable, en donde se tiene el 60% de pérdidas por fugas”, puntualizó, dejando claro que el problema de fondo en Aguascalientes no es necesariamente la escasez del recurso, sino su administración.
Crisis hídrica: ¿escasez o desperdicio?
Un punto fundamental del análisis de Farías Higareda radica en la diferencia entre falta de agua y falta de eficiencia. Al cuestionar la situación actual, el abogado hizo hincapié en la falta de supervisión y el cuidado negligente de la infraestructura existente.
“No es que no tengamos suficiente agua, sino que se está perdiendo el líquido en las redes”, argumentó, poniendo el foco sobre la necesidad urgente de inversión en mantenimiento y modernización de la red hidráulica en lugar de enfocarse únicamente en las tarifas o los cortes.
Asesoría legal y el derecho humano al agua
Ante este panorama, el Colegio de Abogados ha tomado una postura activa para respaldar a la ciudadanía afectada. Según informó Salvador Farías, el organismo está otorgando servicios gratuitos de asesoría legal y la presentación de amparos.
El objetivo de estas acciones no se limita a evitar el corte del suministro. “No solamente para que no se les corte el servicio de agua, sino para que este sea continuo, de buena calidad y que no se les cobre cuando esta falte”, explicó el abogado.
Respeto a la manifestación ciudadana
Finalmente, ante el incremento de las movilizaciones sociales derivadas de la falta de agua —las cuales han superado en frecuencia a las quejas por los altos cobros—, Farías Higareda hizo un llamado contundente a los funcionarios públicos.
Solicitó a las autoridades ser extremadamente cuidadosos con su lenguaje y evitar caer en amenazas. “Por supuesto que el ciudadano tiene todo el derecho de reclamar, porque en materia de agua es un derecho humano y no debe ser tomado a la ligera”, concluyó.
