Aguascalientes se coloca en el vergonzoso tercer lugar nacional con la más alta impunidad en delitos federales y del fuero común que alcanza un escalofriante 98.9%, y en consecuencia con el desastroso tercer lugar nacional con la más paupérrima efectividad de su sistema judicial, que alcanza apenas el 1.1 porcentual, de acuerdo a la octava edición del documento ‘Hallazgos 2020: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México’, presentado ayer en conferencia de prensa por la organización México Evalúa.
Estos indicadores trágicos no son casuales, pues México Evalúa también destaca en este documento la drástica caída en la disponibilidad de agencias del Ministerio Público en Aguascalientes, pues mientras que en el año 2019 se contaba con un promedio de 10.32 oficinas por cada 100 mil habitantes, este indicador se desplomó inexplicablemente en sólo un año, otorgando a los ciudadanos apenas 5.7 agencias del Ministerio Público por cada 100 mil personas.
Aguascalientes también es la última entidad en disponibilidad de jueces por cada 100 mil habitantes al contar con apenas dos responsables de impartición de justicia. Es la entidad con el más bajo promedio en este indicador, mientras que el promedio nacional se coloca en 4.5 juzgadores por cada 100 mil personas.
En materia de disponibilidad de defensores las cosas también andan muy mal para la Entidad, pues sólo hay 2.2 funcionarios de este tipo por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio nacional alcanza 6.5 defensores.
Para las personas involucradas en el proceso penal, la resolución de su caso significa acceso efectivo a la impartición de justicia, sin embargo, este precepto es letra muerta en Aguascalientes, pues mientras que en promedio a nivel nacional los tribunales resuelven cada año el 47.9% de los casos que se someten a su jurisdicción, en nuestro Estado prevalece el peor promedio nacional al ‘presumir’ una tasa de resolución de casos de apenas el 21.2 por ciento.
Cabe recordar que Aguascalientes fue un referente a nivel nacional en materia de implementación de las reformas al sistema de justicia penal en México durante el sexenio pasado, sin embargo, los procedimientos comenzaron a decaer de manera sustancial y notoria al arribo de la actual Administración estatal.
